En un fallo histórico, el Vigesimoséptimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 205 millones de pesos a Juan Carlos Ramírez Cárdenas y su familia, tras establecer que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes de la Fuerza Aérea en 1973, en Punta Arenas.
Detención ilegal y torturas en 1973
Según el relato de Ramírez, cuando tenía 22 años y trabajaba en el Ministerio de Educación, fue interceptado por funcionarios de la Fuerza Aérea la madrugada del 20 de octubre de 1973, detenido sin orden judicial y trasladado a la Base Aérea Bahía Catalina. Allí, el tribunal dio por acreditado que fue sometido a torturas de extrema crueldad, que incluyeron lanzamientos al mar en el Estrecho de Magallanes durante la noche, además de golpes y otros apremios ilegítimos.
Reconocimiento del sufrimiento familiar
La jueza Lorena Cajas Villarroeldescartó todas las objeciones del Estado y reconoció que Ramírez y su grupo familiar fueron víctimas de graves vulneraciones a los derechos humanos. En su resolución, señaló que «ninguna suma de dinero puede borrar el sufrimiento que la familia ha debido cargar por décadas», y fijó una compensación de 70 millones de pesos para Ramírez como víctima directa, y 135 millones distribuidos entre su esposa e hijos, cuyas vidas también se vieron marcadas por lo ocurrido.
La magistrada recalcó que los montos se definieron considerando las características particulares de este caso, pues «cada historia tiene elementos propios que deben ser ponderados individualmente». Este fallo sienta un precedente importante en el reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar chilena.
