En un hecho que ha conmocionado a la comunidad, el juez titular del Juzgado de Familia de San Fernando, Salvador Briceño, sufrió un violento asalto en su vivienda en la comuna de Buin, Región Metropolitana. El incidente ocurrió a las 4:30 de la madrugada, cuando tres sujetos armados llegaron al domicilio del magistrado y, tras intimidar a la familia, se llevaron un vehículo Hyundai Santa Fe, cuatro teléfonos celulares, un par de tablets y una computadora portátil, todo ello avaluado en $37 millones por la Policía de Investigaciones (PDI).
Según el subinspector de la Brigada de Robos Occidente de la PDI, Lucas Álvarez, las víctimas se encontraban en el interior de la vivienda cuando «sintieron un fuerte ruido desde el exterior» y los tres delincuentes, con el rostro cubierto, ingresaron armados a la casa. «Se encontraba junto a su núcleo familiar al interior del domicilio. Sintieron un fuerte ruido desde el exterior, instante en el cual tres personas de sexo masculino hicieron ingreso al domicilio, premunidos con armas de fuego, y con sus rostros cubiertos con máscaras», detalló Álvarez.
En declaraciones a los medios, el juez Briceño confirmó que nadie resultó herido durante el atraco y proporcionó una lista de los artículos sustraídos: «El vehículo, un Hyundai Santa Fe, cuatro celulares, un par de tablets y un notebook». Luego de cometer el robo, los delincuentes huyeron en el automóvil en el que llegaron y también en el vehículo robado al magistrado.
Este violento asalto ha generado gran preocupación en la comunidad jurídica y en las autoridades, quienes se encuentran trabajando arduamente para identificar y capturar a los responsables. Expertos en seguridad señalan que este tipo de ataques a figuras públicas como jueces ponen de manifiesto la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y la protección a los miembros del Poder Judicial.
Si bien el juez Briceño y su familia resultaron ilesos físicamente, el impacto emocional y la pérdida material de este robo a mano armada sin duda dejarán una huella profunda. Casos como este resaltan la importancia de garantizar la seguridad de los servidores públicos y sus familias, quienes deben poder desempeñar sus funciones sin temor a sufrir este tipo de ataques violentos.
