A tan solo 27 días de que finalice el plazo otorgado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que las autoridades habiliten los albergues correspondientes y procedan con el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, la incertidumbre y la preocupación continúan rondando este complejo escenario.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, ha dejado claro que, si bien el Gobierno respetará la orden judicial, trabajarán «hasta el último día» para evitar el desalojo masivo de las más de 10.000 personas que habitan en la toma, entre ellas cerca de 3.000 niños. Según Montes, el proceso de expulsión sería de «alto riesgo» y, por lo tanto, la prioridad es encontrar soluciones que protejan a las familias involucradas.
Problemas Logísticos y Humanos del Desalojo
Por su parte, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Munduca, ha advertido sobre los serios problemas logísticos que enfrentaría el eventual desalojo, debido a la alta cantidad de funcionarios de Carabineros que se necesitarían, considerando el déficit de dotación policial que posee la región. Munduca estima que el operativo de expulsión podría tardar cerca de un año, y plantea la pregunta clave: «¿dónde los alojas?»
Negativa de los Dueños del Terreno
Es importante señalar que los dueños del terreno donde se encuentra la megatoma, la Inmobiliaria San Antonio, se han negado a cualquier tipo de conciliación desde que se cayó la mesa de negociación con el Gobierno para la compra del terreno. Según el abogado que los representa, Diego Pereira, no han tenido contacto con el ministro Montes desde septiembre.
Búsqueda de Soluciones Hasta el Último Momento
A pesar de los desafíos, el Gobierno se mantiene firme en su intención de evitar el desalojo «hasta el último día», consciente de la delicada situación humanitaria que enfrentarían las más de 10.000 personas, incluidos los 3.000 niños, que habitan en la toma del Cerro Centinela. La búsqueda de soluciones que protejan a estas familias será clave en los próximos días y semanas.
¿Logrará el Gobierno encontrar una alternativa viable antes de que se cumpla el plazo impuesto por la Corte de Apelaciones? La respuesta a esta pregunta tendrá un impacto decisivo en el futuro de esta megatoma y de quienes la habitan.
