El Gobierno de Chile se enfrenta a un enorme reto logístico y humanitario con el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, Valparaíso. Según las estimaciones, este proceso podría extenderse por más de 6 meses, dada la magnitud de la ocupación ilegal, que alberga a más de 10.000 personas.
La orden judicial de desalojo ha puesto en marcha una compleja operación que requiere la coordinación de múltiples entidades gubernamentales. El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, ha explicado que cuentan con albergue temporal para 50 familias durante 5 días. Sin embargo, si todos los ocupantes necesitaran refugio, el proceso se extendería por más de medio año.
Un Desalojo Paulatino y Controlado
Para llevar a cabo el desalojo de manera ordenada, las autoridades han planificado un proceso gradual y por cuadrículas, tal como lo establece la orden judicial. Esto implica que el desalojo se realizará de forma escalonada, en lugar de un operativo masivo.
La seremi de Seguridad de Valparaíso, Alejandra Romero, ha confirmado que será necesario solicitar apoyo policial de otras regiones para garantizar la seguridad durante el proceso.
El Futuro del Terreno
Mientras tanto, la Inmobiliaria San Antonio S.A., propietaria de los terrenos, ya está analizando las opciones para el futuro del predio. Según el abogado de la empresa, Diego Pereira, una parte del terreno será objeto de expropiación para la construcción de un nuevo acceso norte al Puerto de San Antonio, mientras que la otra sección se destinará al cementerio parroquial de la comuna.
Este desalojo masivo representa un desafío sin precedentes para las autoridades, quienes deben equilibrar los intereses de la propiedad privada, la seguridad pública y las necesidades humanitarias de los ocupantes. La coordinación y la planificación cuidadosa serán clave para abordar esta compleja situación de manera efectiva y respetuosa.
