Mientras el debate sobre el Presupuesto 2026 se encuentra en pausa a la espera de las elecciones del 16 de noviembre, una nueva disputa se abre en torno al reajuste salarial del sector público. Distintos gremios han dejado claro que no aceptarán que los funcionarios paguen «los ajustes del Estado» en materia fiscal.
Según una recomendación de la comisión asesora para el gasto público, el Gobierno decidió mantener los sueldos del sector público en los valores nominales al 2025, lo que representaría un ahorro fiscal de $524.938 millones a corto plazo. Sin embargo, los representantes del sector público han dejado en claro que solicitarán un reajuste del orden del 7%, por sobre la variación de la inflación.
Funcionarios Públicos Exigen Recuperar Poder Adquisitivo
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, señaló que el piso de la negociación del reajuste está constituido por «recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2024 a noviembre 2025, es decir, el IPC acumulado, más el crecimiento del país».
Según las proyecciones, la inflación acumulada entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 se estima en 3,7%, mientras que el crecimiento económico se prevé en 2,5% este año. La suma de estos dos factores arroja un 6,2%, a lo que el sector público pediría un «extra» que no está bien definido, pero el trascendido es que el reajuste solicitado sería finalmente de un 7%.
Gobierno y Oposición Buscan Acuerdo
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha continuado tendiendo puentes con la oposición para revertir el rechazo al Presupuesto 2026 en la Comisión Mixta. Desde la oposición, señalaron que están dispuestos a seguir conversando, pero condicionan el acuerdo a la reposición de la glosa republicana, la actualización de la proyección de ingresos y la definición del reajuste del sector público.
Según los cálculos de los congresistas, el costo del reajuste, considerando solo la inflación y el aumento de la tasa de cotización previsional, superaría los $700 millones, es decir, $100 millones más de lo que señala la minuta del Ejecutivo.
Mientras tanto, los equipos económicos de los candidatos presidenciales evitaron referirse al tema, dejando que el Gobierno y la oposición intenten llegar a un acuerdo que satisfaga las demandas del sector público.
