El Congreso ha dado un paso crucial para abordar el déficit de infraestructura carcelaria y el problema del hacinamiento que afecta a gran parte del sistema penitenciario nacional. La aprobación de un proyecto de ley que reduce plazos y elimina trámites administrativos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penales representa una victoria estratégica en la búsqueda de soluciones integrales.
La nueva normativa, que ahora se encuentra en condiciones de convertirse en ley, tiene como objetivo principal agilizar la ejecución de obras y permitir que los proyectos definidos por decreto presidencial se desarrollen mediante procedimientos administrativos más expeditos. Esto, con la finalidad de responder de manera efectiva al déficit de centros penitenciarios, disminuir el hacinamiento, mejorar las condiciones de reinserción y reforzar la seguridad pública.
Principales Modificaciones Aprobadas
Entre las principales enmiendas introducidas por el Senado y aprobadas por la Cámara de Diputados, se destacan:
Agilización de Trámites
Se establece que, si el Ministerio de Desarrollo Social y Familia no emite el informe sobre un proyecto penitenciario dentro de 30 días hábiles, este se entenderá aprobado positivamente. Además, se reducen a la mitad los plazos aplicables a la construcción de nuevos establecimientos.
Exención Ambiental
Se mantiene la exención del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para obras de ampliación o reparación de centros penitenciarios, agilizando aún más los procesos.
Participación Ciudadana Acotada
Los procesos de participación ciudadana solo podrán realizarse con personas o agrupaciones con un interés directo e inmediato en el proyecto, es decir, residentes en la comuna o en comunas colindantes.
Beneficios Esperados
Con estas medidas, se busca dinamizar la economía local y generar nuevos empleos en diversas zonas del país, aportando tanto a la seguridad pública como al desarrollo regional. Además, se espera que la ejecución de obras penitenciarias más ágil y eficiente permita agregar más de 15.000 nuevas plazas carcelarias al sistema para el año 2030, lo que ayudará a reducir significativamente el hacinamiento y mejorar las condiciones de reinserción de los internos.
El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, destacó que «esto nos va a permitir implementar un plan maestro de infraestructura penitenciaria, que al año 2030 nos permitirá agregar más de 15.000 nuevas plazas». Esto, según Muñoz, es «importante por varias razones. Primero, porque tenemos un problema de sobrepoblación y también de hacinamiento en muchas de las cárceles de nuestro país, con un promedio cercano al 160% de ocupación».
Desde la bancada de Renovación Nacional, el diputado Andrés Longton destacó que «este proyecto es muy importante porque permite desburocratizar el sistema de permisos para construir cárceles en nuestro país, que hoy día demoran más de 15 años. Si queremos cárceles de alta seguridad para tener a los líderes del crimen organizado, aislados e incomunicados, tenemos que tener la capacidad de construir cárceles rápido, en corto espacio de tiempo».
En resumen, esta iniciativa legislativa representa un avance significativo en la búsqueda de soluciones integrales para el sistema penitenciario, al agilizar la construcción y ampliación de centros carcelarios y mejorar las condiciones de reinserción y seguridad pública en todo el país.
