Un subinspector de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) se encuentra imputado y será formalizado por la eliminación de 58 órdenes de investigación de distintas causas penales desde el sistema informático de la institución. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se ha querellado en su contra por el delito de sabotaje informático.
El funcionario acusado es Fabián Cornejo Araos, quien se desempeñaba en la Brigada de Investigación Criminal de La Cisterna. Según la querella del CDE, entre el 4 de enero y el 26 de marzo de 2021, Cornejo Araos accedió al sistema informático de la PDI, denominado Base Relacional para el Análisis de Información (BRAIN), y eliminó 58 decretos que contenían órdenes de investigar e instrucciones particulares remitidas por el Ministerio Público.
Impacto en Investigaciones Penales
La acción del subinspector afectó «la regular tramitación y control de las investigaciones penales», situación que fue detectada inicialmente por funcionarios de la Oficina de Partes de la Brigada de Investigaciones Criminales de La Cisterna. Esto fue corroborado mediante auditorías del Departamento de Informática y Telecomunicaciones y de la Jefatura Nacional de Tecnologías de la Información y Transformación Digital de la PDI.
Acusación de Sabotaje Informático
El CDE se ha querellado contra Cornejo Araos y «contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del ilícito señalado, cometido de forma reiterada». La acción judicial solicita al Ministerio Público ordenar investigar y esclarecer los hechos, además de instruir al Laboratorio de Criminalística Central de la PDI la pericia del dispositivo electrónico utilizado por el imputado.
Implicaciones y Próximos Pasos
El subinspector Fabián Cornejo Araos deberá comparecer y enfrentar a la justicia el 4 de noviembre en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago. Esta causa figura como querellante el Consejo de Defensa del Estado por el delito consumado de sabotaje informático.
La investigación de este caso pone de manifiesto la importancia de la integridad y seguridad de los sistemas informáticos utilizados por las instituciones públicas, especialmente en el contexto de investigaciones penales. La eliminación no autorizada de evidencia digital puede tener graves consecuencias para el debido proceso y la administración de justicia.
