La Municipalidad de Castro ha presentado un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional para destituir al concejal Enrique Soto, quien se ausentó de dos sesiones del concejo municipal para asistir a un campeonato de fútbol en Brasil.
Según la jefa jurídica de la municipalidad, Ana Podlech, el documento de solicitud de destitución agrega otras acciones del concejal que, a juicio de la casa edilicia, constituyen faltas a la probidad y abandono de deberes. Se acusa a Soto de presentar un certificado médico para justificar sus ausencias y así cobrar su salario completo.
Acusaciones de conflicto de intereses y falta de transparencia
Además, se alega que el concejal Soto aprobó la entrega de recursos a la Asociación de Fútbol Amateur de Castro, organización presidida por su padre. En otro concejo, se habría negado a votar sin informar sus razones, evitando incluso abstenerse de dicha discusión.
Respaldo de la Contraloría y defensa del concejal
Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), el hecho de que un concejal presente un certificado médico no conlleva el descanso de su tenencia, pudiendo solamente ser invocado para mantener el derecho a percibir la dieta y la asignación correspondiente. El concejal Soto se ha defendido afirmando que no presentó una licencia, sino un certificado que justificaba su ausencia.
«Esto es una acusación totalmente tendenciosa, falsa, donde la Contraloría fue clara en anunciar primero lo que ya había señalado con anterioridad, que es incompetente para conocer del caso de fiscalización o sanción de un concejal. Y segundo, que los términos en los cuales se refiere a licencias médicas o certificados médicos para el caso de concejales, no se aplica lo relativo a los funcionarios públicos, y por ende solamente es un justificante para una ausencia», precisó Soto.
Implicaciones legales y éticas
Este caso plantea importantes cuestiones éticas y legales en torno a la responsabilidad de los representantes públicos. Por un lado, la Municipalidad de Castro alega que Soto ha incurrido en faltas a la probidad y abandono de deberes al ausentarse de sesiones clave para asistir a un evento deportivo. Por otro, el concejal se ampara en un dictamen de la Contraloría que respalda el uso de certificados médicos para justificar ausencias.
La resolución de este conflicto tendrá implicaciones significativas para la rendición de cuentas y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades locales.
