En un importante paso hacia la rendición de cuentas, el Juzgado de Garantía de Antofagasta ha fijado el 17 de noviembre como la fecha de inicio de las audiencias de apertura del juicio oral en el caso conocido como «Democracia Viva». Este caso, que involucra a la ex Seremi de Vivienda de Antofagasta y a la fundación que dio nombre al escándalo, marca el comienzo del fin de una de las investigaciones de corrupción más relevantes del último tiempo.
La Fiscalía de Antofagasta mantiene los cargos iniciales de fraude al fisco reiterado y lavado de activos, solicitando 10 años de cárcel para la ex diputada Catalina Pérez, su ex pareja Daniel Andrade, el ex Seremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras y la ex concejal Paz Fuica. Según el diputado Rubén Oyarzo (IND), este caso representa «el más vergonzoso de corrupción de los últimos años», donde lamentablemente «los recursos que tenían que llegar a la gente más pobre se beneficiaron unos pocos».
Reapertura y Nuevos Antecedentes
La programación de este juicio llega tras el cierre de la investigación y la posterior acusación presentada por la Fiscalía. Una última reapertura de la causa, solicitada por la defensa de Daniel Andrade, permitió incorporar nuevos antecedentes, sin alterar el fondo del caso, según afirman desde el Ministerio Público.
Expectativas de Justicia
El diputado Daniel Melo (PS), integrante de la comisión investigadora, espera que «la justicia haga su trabajo» y dé «una señal clara» para que casos como este «no vuelvan a ocurrir en nuestro país». La Fiscalía estima que el juicio podría extenderse entre tres y seis meses una vez iniciada la preparación.
Este proceso judicial representa una oportunidad crucial para que la justicia rinda cuentas y envíe un mensaje contundente de que la corrupción no será tolerada, independientemente de la posición o el poder de los implicados.
