Más de 100 familias del ex campamento Juan Pablo II en la comuna de Lo Barnechea se encuentran en una grave crisis habitacional debido al retraso en los pagos de subsidios por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Esta situación ha dejado a los afectados en una situación precaria, exponiéndolos al riesgo de desalojo por incumplimiento de los pagos de sus viviendas arrendadas.
Según datos del municipio, aún permanecen alrededor de 240 familias que formaban parte de este histórico campamento, a la espera del proyecto habitacional que busca radicar el terreno por el que habitaron por años. El problema se origina en la interrupción del Subsidio de Traslado Transitorio (8 UF mensuales) que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Metropolitana (Seremi Minvu) otorgó a 212 familias registradas en el catastro de Asentamientos Precarios en 2018. Sin embargo, este año 144 de ellas dejaron de recibir este monto, lo que ha sumido a las familias en una crisis que pone en riesgo su estabilidad habitacional.
Dificultades financieras del Serviu amenazan el proyecto
Si bien las obras de las etapas II y III del proyecto habitacional comenzaron en abril de este año con un avance físico del 15,76%, el progreso se ve amenazado por las dificultades financieras del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Según el municipio, hasta la fecha se han tramitado cinco estados de pago a la empresa constructora, uno fue pagado parcialmente y el último se encuentra pendiente de autorización por el Serviu para su facturación.
Estos pagos se han realizado a través del mecanismo «confirming» con BancoEstado, lo que permite a la empresa constructora optar por un pago anticipado, pero obliga a la empresa a asumir el costo de una tasa de descuento. De acuerdo al municipio, el interés por este mecanismo representa un gasto financiero no contemplado en la valorización inicial del proyecto, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de la empresa y la continuidad de las obras.
Riesgo de nuevas ocupaciones ilegales
Considerando este escenario, la administración de Lo Barnechea, encabezada por Felipe Alessandri, considera que la suspensión del subsidio y la falta de soluciones habitacionales no solo es un drama social para las familias afectadas, sino que también es un riesgo frente a nuevas ocupaciones ilegales y la instalación de campamentos provisorios, mientras se espera la restitución de recursos por parte del Serviu y la concreción del proyecto.
La situación se agrava aún más al considerar que el Proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público 2026 contempla una reducción de casi un 50% de los recursos y unidades del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, lo que podría comprometer aún más la capacidad del Minvu para responder a sus obligaciones con las familias de Lo Barnechea.