En un preocupante escenario, más de 100 personas han sufrido síntomas de intoxicación en las últimas semanas debido a la exposición a olores tóxicos en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Pese a los esfuerzos de las autoridades, el origen exacto de esta contaminación ambiental sigue siendo un misterio sin resolver.
Según la Seremi de Medio Ambiente, Álex Galleguillos, se ha detectado un aumento en algunos parámetros de la calidad del aire, aunque sin superar los límites establecidos. Sin embargo, esto no ha impedido que más de 100 personas, incluyendo menores de edad, hayan presentado síntomas como cefalea, náuseas y otros malestares.
El delegado presidencial para la zona, Cristian Cáceres, informó que se han realizado fiscalizaciones a empresas como Copec, pero aún no se ha logrado determinar el origen de las emanaciones contaminantes. Mientras tanto, las organizaciones ambientales denuncian que existen más de 20 empresas en el cordón industrial que no han sido debidamente supervisadas.
La frustración de la comunidad
Las comunidades afectadas han expresado su malestar por la falta de respuestas concretas y la ausencia de mesas de trabajo para abordar esta problemática. Marta Aravena, dirigente de la organización Mujeres por el Buen Vivir, criticó la cadena de información proporcionada por las autoridades, considerándola insuficiente.
Desde el Parlamento, la diputada Camila Flores (RN) se sumó a los reclamos, calificando la gestión del delegado presidencial como «ineficiente y desconectada de la realidad local». Flores exigió que, si el delegado no es capaz de asumir su responsabilidad, lo más digno sería que diera un paso al costado.
Acciones pendientes y la búsqueda del origen
Mientras las autoridades continúan recopilando datos y realizando investigaciones, la comunidad espera respuestas concretas y soluciones efectivas. La identificación del origen de esta contaminación se ha convertido en una prioridad urgente, ya que la salud y el bienestar de los habitantes de Quintero y Puchuncaví siguen en riesgo.
Es crucial que las autoridades intensifiquen sus esfuerzos, amplíen la fiscalización a todas las empresas involucradas y establezcan un diálogo transparente con la comunidad. Solo así podrán encontrar una solución duradera a este preocupante problema ambiental que ha afectado a más de 100 personas en la región.
