La Corte de Apelaciones de Valparaíso ha rechazado el recurso presentado por los pobladores de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, con el objetivo de evitar que se fije una fecha para su desalojo. Esta acción legal, interpuesta por los residentes del asentamiento ilegal, apuntaba a la Municipalidad de San Antonio, así como a los ministerios de Bienes Nacionales, Vivienda y Urbanismo, y Desarrollo Social.
Según el documento declarado no ha lugar por la justicia, antes de proceder al desalojo, es necesario acreditar la disponibilidad de albergues transitorios con servicios básicos operativos, un plan de transporte para las familias involucradas y dispositivos de salud contemplados para el día del procedimiento. Sin embargo, el Ministerio de Bienes Nacionales ha comunicado que la escasez de propiedades fiscales en la región de Valparaíso limita la disponibilidad de inmuebles para este fin, y que estas gestiones no son de su competencia directa.
Proceso de Desalojo Continúa su Curso
Con la resolución de la Corte de Apelaciones, el proceso de desalojo seguirá su curso. Cabe destacar que la Inmobiliaria San Antonio S.A., propietaria de los terrenos donde se emplaza el asentamiento irregular, había solicitado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso una fecha específica para que se concrete la medida.
Según datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en el lugar viven más de 10 mil personas, agrupadas en 4 mil familias. La decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso representa un importante hito en el proceso de desalojo de esta gran ocupación ilegal en el Cerro Centinela de San Antonio.
Implicaciones y Próximos Pasos
La resolución de la Corte de Apelaciones plantea varios desafíos logísticos y sociales para las autoridades. Por un lado, deberán garantizar la disponibilidad de albergues transitorios adecuados y la coordinación de los servicios básicos y de salud necesarios para el día del desalojo. Por otro lado, el reasentamiento de más de 10 mil personas requerirá una planificación y ejecución cuidadosa para evitar mayores problemas.
Desde una perspectiva económica, la recuperación de estos terrenos por parte de la Inmobiliaria San Antonio S.A. podría abrir oportunidades de desarrollo urbano planificado en la zona, siempre y cuando se consideren las necesidades y derechos de las familias afectadas. Sin embargo, este proceso deberá llevarse a cabo de manera justa, transparente y con el bienestar de la comunidad como prioridad.
En resumen, la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso representa un hito importante en el complejo proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. Ahora, las autoridades deberán enfocarse en garantizar una transición ordenada y humana para las miles de personas que habitan en este asentamiento ilegal.
