La comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso, se enfrenta a un desafío apremiante: la toma ilegal de terrenos conocida como «Calicheros». Ayer se cumplió el plazo límite para el cierre de la licitación para la demolición de esta ocupación, y la alcaldesa, Carolina Corti, no se ha quedado de brazos cruzados.
Corti ha emplazado al Gobierno por la demora en la conformación de las mesas de coordinación necesarias para garantizar la ejecución de la orden de desalojo y demolición. Según la alcaldesa, la Delegación Presidencial Regional y la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad son los responsables de coordinar a Carabineros y la Policía de Investigaciones para llevar a cabo este proceso.
Respuesta del Gobierno
Por su parte, Yanino Riquelme, el delegado presidencial regional, ha enfatizado que la programación está avanzando de acuerdo a la mesa de trabajo sostenida con la representante legal de la familia Correa, dueña del terreno ocupado. Riquelme confirmó que «el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya hizo la licitación, tiene los oferentes y hoy día (lunes 22 de septiembre) debiera generar la adjudicación».
Medidas Sociales en Estudio
Respecto a las medidas sociales necesarias para las familias que ocupan el terreno, el municipio ha indicado que solo aquellas que pertenezcan a la comuna de Quilpué recibirán este servicio. Aún resta esperar el anuncio de la adjudicación de la licitación por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización, un paso fundamental para asegurar la continuidad del proceso.
La alcaldesa Corti ha demostrado su determinación por avanzar en este conflicto, exigiendo al Gobierno que cumpla con su responsabilidad de coordinar las acciones necesarias para el desalojo y la demolición de la toma de Calicheros. El desenlace de esta situación tendrá un impacto significativo en la comuna de Quilpué y en la región de Valparaíso.
