La comuna de Curanilahue se enfrenta a una situación crítica, con cientos de familias que han ocupado ilegalmente durante años extensos terrenos propiedad de la forestal Arauco. Tras acciones legales de la empresa, la justicia ha dictado una serie de fallos que dan luz verde al desalojo de estas tomas en los próximos días, con la intervención de Carabineros.
Según los antecedentes recopilados, serían al menos tres los sectores a desalojar: Plegarias, Cerro Bulnes y Colico Norte, esta última conocida como la «toma VIP» por el tamaño y valor de las viviendas construidas. El delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, confirmó que aún está vigente un último plazo para esta última ocupación.
Preocupación por los Derechos de los Desalojados
En este proceso, la Delegación debe resguardar el respeto de los derechos de las personas desalojadas, mientras que la Municipalidad de Curanilahue debe disponer de un albergue para alojarlas. Sin embargo, el alcalde Luis Gengnagel afirmó que no cuentan con ese espacio.
Los ocupantes de los sectores Plegarias y Cerro Bulnes, representados por el abogado Gonzalo Contreras, han interpuesto un recurso para que se resguarde la integridad y dignidad de las personas, sin desconocer lo resuelto por los tribunales.
Intentos Fallidos de Acuerdos
La exalcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, calificó la situación como crítica y lamentó que no se haya concretado un acuerdo entre las familias del Cerro Bulnes y la Forestal Arauco para la compraventa del terreno.
Estos no serían los primeros desalojos por la fuerza en Curanilahue, ya que en agosto pasado Carabineros cumplió el fallo dictado respecto de las 15 familias que ocupaban ilegalmente el sector La Colcha.
Implicaciones Legales y Sociales
El inminente desalojo de estas ocupaciones irregulares en Curanilahue plantea un complejo escenario legal y social. Por un lado, la justicia ha fallado a favor de la empresa forestal, pero por otro, las familias afectadas enfrentan la pérdida de sus hogares y la incertidumbre sobre su futuro. La falta de albergues y la necesidad de resguardar los derechos de los desalojados agravan aún más la situación.
Este caso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades y la comunidad al abordar ocupaciones ilegales de terrenos, donde se deben equilibrar los derechos de propiedad con las necesidades de vivienda de las personas.
