En un sorprendente giro de los acontecimientos, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha revelado que su gobierno está en conversaciones con Estados Unidos sobre cómo «repartirse» la Franja de Gaza. Smotrich, un político radical y colono, afirmó que la Franja se está convirtiendo en una «bonanza inmobiliaria» y que ambos países deben decidir «cómo dividir los porcentajes de tierra».
Según Smotrich, la «fase de demolición siempre es la primera fase de la renovación urbana», y ahora que ya se ha completado, es hora de «empezar a construir». Sus declaraciones llegan justo dos días después de que las tropas israelíes iniciaran una incursión terrestre en Gaza, con el objetivo de expulsar a los cerca de 600.000 gazatíes que aún quedan allí.
El Plan de Estados Unidos para Gaza
De hecho, el presidente estadounidense Donald Trump ya había expresado su deseo de convertir la devastada Franja de Gaza en una «Riviera de Oriente Medio», lo que implicaría el desplazamiento de los dos millones de residentes a países vecinos como Jordania y Egipto. Un documento de la administración Trump, obtenido en exclusiva por The Washington Post, detalla uno de los posibles planes para la reconstrucción de Gaza.
Según este plan, el enclave palestino quedaría bajo el control de Estados Unidos en régimen de fideicomiso durante al meno s 10 años, lo que requeriría reubicar temporalmente a los dos millones de gazatíes durante la reconstrucción. Estados Unidos lideraría entonces la reconstrucción de una Gaza rodeada de destrucción, con financiación de inversores públicos y privados que desarrollarían megaproyectos comerciales, desde plantas de vehículos eléctricos hasta supuestos centros de datos o complejos turísticos.
¿Quién se Beneficia Realmente?
Estas declaraciones y planes revelan una visión alarmante del futuro de Gaza, donde los intereses geopolíticos y económicos parecen primar sobre el bienestar de la población local. Mientras Israel y Estados Unidos discuten cómo «repartirse» la Franja, los residentes gazatíes enfrentan la perspectiva de ser desplazados de sus hogares y comunidades, en un proceso que bien podría calificarse de «limpieza étnica».
La pregunta que surge es: ¿quién se beneficia realmente de estos planes? ¿Acaso los inversores y desarrolladores que lucrarán con los megaproyectos, mientras los gazatíes son forzados a abandonar sus hogares? Es crucial que la comunidad internacional mantenga una vigilancia estrecha y exija que cualquier plan para Gaza respete los derechos humanos y la autodeterminación de la población local.
