El gobierno del presidente Javier Milei ha anunciado planes para abrir una licitación internacional con el objetivo de privatizar parcialmente la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la cual opera las tres centrales nucleares del país.
Según la Secretaría de Energía, el Ejecutivo busca vender el 44% de las acciones de NASA, manteniendo el Estado nacional el 51% del capital y, por lo tanto, el control accionario de la compañía. Además, se organizará un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital social, lo que permitirá la inclusión de los 2.989 trabajadores de NASA en el esquema accionario.
Garantizar la continuidad y eficiencia de las operaciones nucleares
La incorporación de inversión privada, según las autoridades, es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de las centrales nucleares de manera eficiente y competitiva. Esto permitirá asegurar los fondos necesarios para proyectos estratégicos como la extensión de vida de la central nuclear Atucha I, prevista para su reingreso al mercado en 2027, y el proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).
Nucleoeléctrica Argentina: Operadora de las centrales nucleares
NASA es la empresa encargada de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en Argentina: Atucha I, Atucha II y Embalse. También se encarga de la comercialización en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de la energía producida por esas plantas y de la gestión de los trabajos que aseguren su normal operación, así como de los proyectos para la eventual construcción de futuras centrales nucleares en el país.
La potencia instalada total de las tres plantas nucleares es de 1.763 megavatios.
Privatización en el marco de la desregulación económica
Nucleoeléctrica Argentina fue incluida en la lista de empresas a privatizar contempladas en la ley de ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’, una norma de amplio alcance sobre desregulación de la economía y ajuste en el Estado, aprobada por el Congreso en junio de 2024.
Este anuncio se enmarca en los esfuerzos del gobierno de Milei por avanzar en la privatización de activos estatales, como se evidenció recientemente con la privatización de la principal mina de carbón en Argentina.
