Tras la formalización de cargos contra 15 prestamistas colombianos que operaban en cuatro regiones de Chile, las defensas de los imputados analizan apelar la prisión preventiva decretada por el Juzgado de Garantía de Concepción.
En la audiencia, se consignó que las penas que arriesgan los acusados por los delitos de usura, extorsión, asociación criminal y lavado de activos podrían superar los 20 años de cárcel. Sin embargo, los defensores argumentan que en algunos casos, un arresto domiciliario nocturno podría ser una medida más proporcional.
Antecedentes Imprecisos y Criminalización de Extranjeros
Según el defensor Penal Público de Concepción, Eduardo Cruz, quien representa a 11 de los 15 imputados, la Fiscalía habría entregado antecedentes «imprecisos» durante la formalización. Por su parte, el defensor privado Eduardo Rosado acusó una «criminalización» al tratarse de formalizados extranjeros.
Pese a que algunos de los integrantes de la banda entregaron los números y claves de acceso de los teléfonos celulares incautados, la atenuante de colaboración en la investigación fue desestimada.
Riesgo de Fuga y Seguridad de Víctimas
La decisión de decretar la prisión preventiva se basó en el riesgo de fuga, dado que el líder de la banda, Marlon Correa, se encuentra fuera de Chile, así como en las redes familiares nacionales e internacionales de los imputados y la necesidad de resguardar la seguridad de la sociedad y de las víctimas.
Apelaciones en Camino
Los defensores, tanto públicos como privados, confirmaron que presentarán apelaciones a la prisión preventiva en los próximos días ante el tribunal de alzada. Argumentan que en algunos casos, medidas alternativas como el arresto domiciliario podrían ser más proporcionales a las penas que enfrentan sus clientes.
El caso de estos prestamistas colombianos acusados de delitos graves como usura, extorsión y lavado de activos ha generado gran interés y debate en torno a la aplicación de la justicia y la protección de las víctimas.
