La prestigiosa empresa alimentaria Nestlé se ha visto obligada a tomar cartas en el asunto después de descubrir que su popular marca de chocolates «Trencito» está siendo utilizada como fachada para la venta ilegal de medicamentos y drogas a través de plataformas digitales.
Según la querella presentada por Nestlé ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, entre los meses de mayo y junio se detectaron múltiples publicaciones en el marketplace de Facebook que ofrecían «Trencito 2.0» y otros productos similares, los cuales en realidad contenían sustancias como el clonazepam, un potente fármaco con alto riesgo de abuso y dependencia.
Al contactar a los anunciantes, se reveló que detrás de estos avisos se escondía un lucrativo negocio de tráfico de drogas y medicamentos recetados, aprovechándose del prestigio y reconocimiento de la marca «Trencito» para atraer a los consumidores.
Nestlé Toma Medidas Legales Contra el Abuso de su Marca
Ante esta situación, Nestlé ha presentado una querella formal por presuntos delitos de infracción a la Ley de Propiedad Intelectual y atentado contra la salud pública. La empresa ha solicitado que el OS7 de Carabineros realice una investigación exhaustiva y que se cite a declarar a las personas vinculadas a esta actividad ilícita.
En un comunicado, Nestlé expresó su profundo rechazo a este «abuso de nuestra marca» y aseguró que no tolerarán este tipo de prácticas, por lo que están tomando todas las medidas legales necesarias para erradicarlas.
Antecedentes Previos de Tráfico de Drogas con Chocolates
Lamentablemente, este no es el primer caso en el que se utiliza una marca de chocolates reconocida para encubrir el tráfico de sustancias ilegales. En el pasado, se han registrado incidentes similares con otras marcas, donde los delincuentes han intentado aprovechar la popularidad y confianza de los consumidores para ocultar sus actividades delictivas.
Estos hechos ponen de manifiesto la importancia de que las empresas y las autoridades competentes mantengan una vigilancia constante para detectar y combatir este tipo de prácticas fraudulentas, que no solo atentan contra la propiedad intelectual, sino que también ponen en riesgo la salud y seguridad de la población.
