Tras ser notificado del proceso de destitución en su contra, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se ha pronunciado enérgicamente sobre la solicitud presentada ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Más de un mes después de que los consejeros regionales presentaran el requerimiento, Orrego asegura que la solicitud «carece de fundamentos de hecho y de derecho».
El requerimiento de destitución, admitido a trámite este lunes por el tribunal, acusa a la autoridad de haber caído en un notable abandono de deberes y en una contravención al principio de probidad administrativa. Esto surge a raíz de un informe de Contraloría que acusa al Gobierno Regional (GORE) de usar fondos públicos para la campaña de reelección de Orrego.
La Defensa de Orrego
Ante esta situación, el gobernador ha expresado que la tramitación en el Tricel se inicia más de un mes después de que «consejeros regionales de Kast y la UDI» presentaran el requerimiento «con varios errores garrafales». Orrego se muestra convencido de que este requerimiento «carece de fundamentos de hecho y de derecho», y asegura que lo demostrará ante el tribunal.
Por su parte, el abogado de Orrego, Ciro Colombara, sostiene que el requerimiento, a pesar de haber sido admitido a trámite, aún mantiene «problemas desde el punto de vista formal». Colombara afirma que «se le imputan hechos falsos» y que así lo acreditarán, o que «hechos que, siendo verdaderos, son analizados jurídicamente de manera errónea». El letrado expresa la tranquilidad de que «en definitiva este requerimiento deberá ser rechazado por el tribunal».
Enfoque en el Trabajo en Terreno
Orrego también ha aclarado que, a partir de esta instancia, «serán mis abogados todo lo que se refiere a esta materia». Sin embargo, el gobernador ha enfatizado que seguirá «trabajando en terreno junto a la gente que es para lo cual me eligieron los ciudadanos de nuestra región».
Esta batalla legal se perfila como un desafío clave para el gobernador Claudio Orrego, quien deberá demostrar la solidez de su defensa y la legitimidad de su mandato ante el Tricel. La resolución de este caso tendrá importantes implicaciones para la estabilidad y el liderazgo en la administración pública de la región.
