En un duro golpe para la aerolínea Jetsmart, el Servicio Nacional de Migraciones ha impuesto una multa equivalente a más de $581 millones por incumplir con la obligación de informar a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre los listados de pasajeros en seis vuelos distintos. Esta sanción, la más alta aplicada por el organismo, representa un 37% del total de multas cursadas desde 2023.
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Según lo explicado desde Migraciones, las aerolíneas están legalmente obligadas a enviar a la PDI la lista de pasajeros que salen o ingresan al país, así como a revisar la documentación de los viajeros al momento del embarque. Al no cumplir con este requisito, Jetsmart transportó a 839 pasajeros infractores, lo que derivó en la cuantiosa multa.
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Seguridad Fronteriza en Riesgo
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Para el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, el cumplimiento de la normativa por parte de las aerolíneas es esencial para mantener una frontera ordenada y segura. «El deber de las líneas aéreas de informar a la PDI las listas de pasajeros es fundamental para tener un control migratorio eficiente y que permita anticipar amenazas o dificultades», afirmó.
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La sanción a Jetsmart envía un claro mensaje a la industria: la seguridad fronteriza no se negocia. Las aerolíneas deben asumir su responsabilidad de colaborar con las autoridades para garantizar un flujo migratorio controlado y seguro.
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Consecuencias Económicas y Reputacionales
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Más allá del impacto económico de la multa, esta situación también podría generar serias consecuencias reputacionales para Jetsmart. La aerolínea deberá enfrentar el escrutinio público y la desconfianza de los viajeros, quienes podrían cuestionar la seriedad con la que la compañía aborda los requisitos de seguridad.
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En un mercado altamente competitivo como el de la aviación, este tipo de incidentes pueden representar una amenaza significativa para la imagen y la confianza de los clientes. Jetsmart deberá trabajar arduamente para recuperar la credibilidad y demostrar su compromiso con el cumplimiento normativo.
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La lección es clara: la seguridad fronteriza y el respeto a las regulaciones migratorias deben ser prioridades absolutas para las aerolíneas que operan en Chile. De lo contrario, enfrentarán sanciones ejemplares que pueden poner en riesgo su viabilidad a largo plazo.
