En una operación sin precedentes en la región de Magallanes y la Antártica chilena, las autoridades han desarticulado una red criminal dedicada al contrabando de cigarrillos y al lavado de activos provenientes de este ilícito. La investigación reveló que esta organización lograba obtener ganancias hasta tres veces mayores al comprar los cigarrillos en Argentina, donde el producto está fuertemente subsidiado, para luego introducirlos de manera ilegal en Chile y comercializarlos a través de una elaborada red de ventas minoristas en Punta Arenas.
Operación a Gran Escala
Según el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto Rifo, esta ha sido calificada como «uno de los procedimientos de contrabando de cigarrillos más importantes en la historia de la región». En total, se decomisaron más de 100 mil cajetillas de cigarrillos, avaluadas en casi 700 millones de pesos chilenos por el Servicio Nacional de Aduanas, así como 39 vehículos y 4 inmuebles utilizados por la organización.
Modus Operandi de la Red Criminal
La investigación reveló que dos chilenos gestionaban la compra de grandes cargamentos de cigarrillos en Argentina, pagando en dólares obtenidos previamente en Chile. Luego, choferes de camiones que realizaban viajes regulares a la región recogían la mercancía cerca de Río Grande y la internaban a través del paso fronterizo «San Sebastián», ocultándola entre la carga declarada.
Una vez en territorio chileno, los camioneros se reunían con los miembros de la banda en un punto acordado, donde trasladaban los cigarrillos a furgones pertenecientes a los imputados. Utilizando la táctica conocida como «Punta de Lanza», estos vehículos transportaban los cargamentos hasta Punta Arenas, donde eran ocultados en diferentes domicilios utilizados como bodegas para su posterior distribución al mercado minorista.
Lavado de Activos y Otros Delitos Asociados
Según el fiscal, este tipo de contrabando suele estar vinculado a otros delitos, como el lavado de activos e incluso el tráfico de drogas. Crisosto afirma que «la cantidad de dinero que se mueve a partir de este contrabando de cigarrillos es enorme y permite el blanqueo de activos de manera incluso más rápida que lo que puede dar el tráfico de sustancias estupefacientes».
La organización criminal utilizaba sociedades legalmente constituidas para mezclar activos lícitos e ilícitos, logrando así disimular el origen delictivo de sus ganancias.
Tras la formalización, 8 de los 13 imputados quedaron en prisión preventiva, mientras que 2 fueron condenados a arresto domiciliario total y 3 a arresto domiciliario nocturno. Las autoridades cuentan con un plazo de 5 meses para continuar con la investigación.
