En un giro inesperado, el Juzgado de Garantía de Antofagasta ha accedido a la solicitud de la defensa del fundador de la polémica fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, de reabrir la investigación por 45 días. Esta decisión se produce después de que la Fiscalía Regional de Antofagasta anunciara el cierre de la investigación el pasado 12 de agosto.
Según los abogados de Andrade, existen diligencias que fueron ignoradas durante la investigación inicial y que ahora tendrán la oportunidad de ser revisadas. Entre ellas, se encuentra la solicitud de información al Servicio de Impuestos Internos y a la Municipalidad de Ñuñoa sobre el inicio de actividades y el domicilio de la fundación. Además, buscarán verificar en una Notaría el contrato de arriendo que la Fiscalía considera falso, pero que la defensa considera clave para justificar el domicilio utilizado para acceder a los fondos públicos del programa de asentamientos precarios.
Nuevas Revelaciones en Camino
Con esta reapertura de la investigación, se espera que surjan nuevas revelaciones que puedan arrojar luz sobre las actividades de la fundación Democracia Viva y el papel de su fundador, Daniel Andrade. La defensa confía en que estas diligencias adicionales les permitirán presentar una imagen más completa y precisa de los hechos.
Cabe destacar que la audiencia de preparación del juicio oral, originalmente programada para el 29 de septiembre, deberá ser reagendada debido a esta nueva etapa de investigación. Esto significa que el proceso judicial se verá retrasado, pero también abre la puerta a una posible resolución más exhaustiva y fundamentada del caso.
Implicaciones y Perspectivas Futuras
Desde una perspectiva económica, esta reapertura de la investigación podría tener implicaciones significativas. Si se descubren irregularidades en el uso de los fondos públicos por parte de Democracia Viva, esto podría dar lugar a sanciones y a la posible devolución de los recursos desviados. Además, la credibilidad de la fundación y de su liderazgo se verá aún más cuestionada, lo que podría afectar su capacidad para obtener financiamiento y apoyo en el futuro.
Para los consumidores y la comunidad en general, esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones que reciben fondos públicos. Será importante seguir de cerca los desarrollos de esta investigación y cómo se abordan las preocupaciones de la ciudadanía en torno a la gestión de recursos destinados al bien común.
En resumen, la reapertura de la investigación sobre Democracia Viva abre la puerta a nuevas revelaciones y a una posible resolución más exhaustiva del caso. Tanto las implicaciones financieras como las repercusiones en la confianza pública serán cruciales de monitorear en los próximos meses.
