En un giro inesperado, los diputados del distrito 20 han exigido la renuncia del director del Servicio de Salud Concepción, Víctor Valenzuela Álvarez, tras revelarse su presunta implicación en un negocio del Gobierno Regional con un jefe del narcotráfico.
La investigación de la Fiscalía ha sacado a la luz detalles inquietantes sobre los vínculos de Valenzuela con Damián Gaete, asesor financiero del narcotraficante Jorge Espinoza, alias «El Palta». Al parecer, Valenzuela habría proporcionado información privilegiada a Gaete durante las gestiones para la adquisición de un terreno en Curanilahue, con el objetivo de construir viviendas sociales.
Corrupción institucional y nexos con el crimen organizado
Según el diputado Eric Aedo, estos antecedentes «confirman que el crimen organizado está corrompiendo las instituciones del Estado». Por su parte, el diputado Félix González subrayó la gravedad de la situación, señalando que estos hechos ponen en evidencia la infiltración del narcotráfico en los organismos públicos.
Desde la Delegación Presidencial, el delegado Eduardo Pacheco calificó el caso como de «la mayor gravedad» y comunicó la información al Ministerio de Salud, esperando que se tomen medidas drásticas para separar a Valenzuela de su cargo.
Implicación de la pareja del director
Pero el escándalo no se detiene ahí. La diputada Marlen Pérez también ha solicitado la salida de la esposa de Valenzuela, Sandra Ibáñez, quien se desempeña como directora regional del Registro Civil. Según los reportes, Ibáñez ocupaba un alto cargo en el Gobierno Regional cuando su pareja realizaba gestiones a favor de Damián Gaete, el testaferro de «El Palta».
Intervención de la Contraloría y reacción del Gobierno Regional
Afortunadamente, la Contraloría intervino a tiempo y frustró el negocio por 1.200 millones de pesos, según informó el actual jefe del Gobierno Regional, Sergio Giacaman. Sin embargo, los diputados siguen exigiendo la renuncia inmediata de Valenzuela y su esposa, como medida para restablecer la confianza en las instituciones públicas.
Este escándalo pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el sector público, a fin de evitar que el crimen organizado siga infiltrándose en las estructuras del Estado. La ciudadanía espera que las autoridades competentes actúen con firmeza y responsabilidad para erradicar la corrupción y recuperar la credibilidad de las instituciones.
