Tras cuatro meses de intensas negociaciones, la comisión técnica encargada de encontrar una solución a la crisis del mega campamento del Cerro Centinela en San Antonio ha presentado un informe de 15 páginas con propuestas innovadoras para abordar este complejo desafío.
El documento expone que un desalojo de esta magnitud, con más de 3.000 niños habitando el lugar, podría desencadenar una crisis humanitaria y generar altos costos sociales y económicos para el Estado, las familias y la ciudad de San Antonio. Por ello, se sugiere mantener la orden de desalojo suspendida durante 3 meses para implementarla de manera razonable y paulatina.
Modelo de Intervención Público-Privada
Según el informe, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha presentado un modelo en el que se propone que las familias del campamento, organizadas en cooperativas cerradas de vivienda, sean las principales compradoras de los terrenos. Esto se debe a que el Estado no puede adquirirlos directamente por limitaciones presupuestarias y legales.
«El enfoque propuesto incentiva un modelo de intervención público-privada, permitiendo que las familias, con el respaldo estatal, participen activamente en la solución, disminuyendo posibles efectos especulativos sobre el suelo», explica el documento.
Discrepancias en la Tasación de los Terrenos
Uno de los principales desafíos ha sido llegar a un acuerdo sobre el valor de tasación de los terrenos. El informe indica que el valor ofertado por los propietarios se basa en informes que no han sido técnicamente validados por el Minvu.
Para hacer frente a estas discrepancias, el Minvu encargó una tasación a la empresa Transsa, solicitándole expresamente que hiciera un análisis comercial del terreno sin considerar la toma, es decir, sin descuentos por la ocupación.
Suspensión Temporal del Desalojo
En caso de no llegar a un acuerdo entre las partes, el informe sugiere que la orden de desalojo se mantenga suspendida durante 3 meses con el objetivo de implementarla de manera razonable y paulatina, siguiendo las reglas definidas por el Ministerio del Interior y la delegación presidencial.
Esta solución innovadora busca evitar una crisis humanitaria y encontrar un equilibrio entre los intereses de las familias, el Estado y los propietarios de los terrenos, demostrando un enfoque integral y sensible al contexto social.
