La trágica muerte de Maximiliano Aguayo Bustos (37), un padre de familia asesinado a puñaladas con un destornillador en San Pedro de la Paz, ha desatado una controversia en torno al tratamiento que las autoridades han dado a su funeral.
Según relatan sus familiares, la Delegación Presidencial ha declarado el velorio de Maximiliano como de «alto riesgo», lo que imposibilita la realización del tradicional velorio en su hogar. Esta decisión ha sido cuestionada enérgicamente por sus hermanos, quienes acusan discriminación y aseguran que Maximiliano no tenía antecedentes penales graves.
Un hombre trabajador y donante de órganos
José Aguayo, hermano de la víctima, describe a Maximiliano como «un hombre trabajador; padre de dos pequeños». Según sus familiares, Maximiliano no pertenecía a ninguna banda criminal, no estaba ligado al tráfico de drogas ni a la tenencia de armas de fuego.
De hecho, sus hermanos afirman que los antecedentes penales menores que registraba se debían a «malos entendidos» en el pasado, y aseguran que en la actualidad no se trataba de «un hombre peligroso para la sociedad».
Cuestionando la decisión de las autoridades
Aún más, los familiares revelan que Maximiliano era donante de órganos, lo que para ellos agrega un significado aún más profundo a su partida. «Dio vida, y ahora hay que ir a enterrarlo como un animal», expresó con dolor Juan Carlos Aguayo, otro de los hermanos.
La familia cuestiona duramente la decisión de las autoridades de catalogar el funeral como de «alto riesgo», impidiendo que puedan despedir a Maximiliano en su hogar, como era su deseo. «Sólo queremos poder despedirlo en su hogar», reclama Juan Carlos.
Investigación en curso
Mientras tanto, Carabineros ha informado que, si bien Maximiliano no tenía órdenes de detención pendientes, sí registraba antecedentes penales menores por amenazas, lesiones, violencia intrafamiliar y desacato.
No obstante, la familia insiste en que estos incidentes del pasado no reflejan la realidad actual de Maximiliano, y que su asesinato, así como el entorno de su vivienda, siguen siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.
La trágica muerte de Maximiliano y la controversia en torno a su funeral ponen de manifiesto la necesidad de un trato más empático y justo hacia las familias que enfrentan situaciones tan dolorosas. La búsqueda de un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos de los dolientes será clave para evitar que casos como este generen aún más sufrimiento.
