En un fallo controversial, el Segundo Tribunal Ambiental de Chile anuló la resolución que había declarado al río Sasso como Santuario de la Naturaleza en la región de Coquimbo. La decisión se tomó luego de que una empresa y un particular, quienes poseen concesiones mineras en la zona, presentaran un reclamo contra la medida.
Según el Tribunal, antes de resolver el procedimiento de declaratoria, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) tenía conocimiento de la existencia de dichas concesiones mineras en el área. Además, el Consejo de Monumentos Nacionales había advertido previamente sobre las amenazas a los objetos de conservación presentes en la zona solicitada.
Omisión del MMA y Silencio Administrativo Negativo
El Tribunal determinó que el MMA incumplió su obligación de notificar a los interesados (la empresa y el particular con concesiones mineras) para que pudieran formular sus alegaciones y aportar pruebas. Este incumplimiento constituye una transgresión a lo dispuesto en la Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.
Además, el Tribunal puso especial atención en la configuración del silencio administrativo negativo en este caso. Esto significa que, al no resolver la solicitud dentro del plazo legal, se entendió que el MMA había rechazado la petición de declarar el río Sasso como Santuario de la Naturaleza.
Implicaciones y Preocupaciones Ambientales
La anulación de la declaratoria de Santuario de la Naturaleza del río Sasso ha generado preocupación entre los defensores del medio ambiente. Ahora, la zona queda desprotegida frente a las actividades mineras que podrían amenazar sus ecosistemas y recursos naturales.
Desde una perspectiva económica, la decisión del Tribunal beneficia a la empresa y el particular con concesiones mineras, quienes podrán continuar o incluso expandir sus operaciones en el área. Sin embargo, esto se contrapone con los intereses de conservación y la protección de los recursos hídricos y la biodiversidad de la región.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y de garantizar que las autoridades ambientales cumplan rigurosamente con los procedimientos establecidos, a fin de evitar que intereses particulares prevalezcan sobre la preservación del patrimonio natural.
