El histórico juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien la Fiscalía acusa de liderar una organización criminal armada para intentar subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022 y dar un golpe de Estado para permanecer en el poder, arrancó este martes entre fuertes medidas de seguridad y con la ausencia de su principal acusado.
El juez Alexandre de Moraes subrayó que «la función del Supremo Tribunal Federal es juzgar con imparcialidad y aplicar justicia en cada caso específico, sin importar amenazas ni coerción, ignorando presiones internas o externas». Afirmó que la impunidad «deja cicatrices traumáticas en la sociedad y corroe la democracia», y que «la pacificación del país depende del respeto a la Constitución, de la aplicación de las leyes y del fortalecimiento de las instituciones».
El caso del golpe de Estado
Según la acusación, el asalto golpista del 8 de enero de 2023 a la plaza de los Tres Poderes en Brasilia, que tuvo ecos de la violencia desatada en el Capitolio estadounidense por los seguidores de Donald Trump, causó pérdidas estimadas en más de 20 millones de reales brasileños.
El fiscal general, Paulo Gonet, presentó un informe de 272 páginas en febrero en el que acusaba a Bolsonaro de instrumentalizar el aparato estatal y llevar a cabo un plan «deliberado», bajo el nombre ‘Puñal Verde y Amarillo’, con el objetivo de atacar las instituciones democráticas y el proceso de traspaso de poder para impedir que Lula asumiera el cargo tras ganar los comicios presidenciales.
Los delitos por los que se les acusa
Bolsonaro y los otros implicados en la trama están acusados por abolición violenta del Estado democrático de Derecho e intento de golpe de Estado, delitos contemplados en el artículo 359 del Código Penal por el que podrían enfrentarse a penas de entre tres y 12 años de prisión. Además, se les acusa de participación en una organización criminal armada, daños a la propiedad pública y deterioro del patrimonio.
En caso de ser declarado culpable, el expresidente Bolsonaro, actualmente en arresto domiciliario con tobillera electrónica, podría enfrentar penas de más de 40 años de prisión, además de ser inhabilitado de forma indefinida para ocupar cargos públicos.
El exmandatario siempre ha defendido que se trataba de una «caza de brujas», contando con el apoyo de figuras como el presidente argentino Javier Milei o el expresidente estadounidense Donald Trump.
