En un acto de justicia tardía, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó las condenas a 13 militares en retiro por su responsabilidad en los homicidios calificados, en carácter de lesa humanidad, de dos estudiantes en Angol en 1973.
Los hechos se remontan al 4 de octubre de 1973, cuando Ricardo Gustavo Rioseco Montoya (22 años) y Luis Raúl Cotal Álvarez (14 años) fueron detenidos y ejecutados tras un disparo fuera del Regimiento Húsares de Angol. Tras una exhaustiva investigación, el ministro en visita para causas de violaciones a los derechos humanos, Álvaro Mesa, dictó sentencia condenatoria contra los militares involucrados.
Sentencias Confirmadas
La Corte de Apelaciones ratificó las penas impuestas a los entonces oficiales y suboficiales del Ejército, quienes en 1973 pertenecían al Regimiento Húsares de Angol. Entre ellos se encuentran:
- Germán Eduardo Ojeda Bennett (teniente)
- Carlos Patricio Bunster Medina, Alejo César Tisi Gómez, Jorge Alberto Lagos Robles, Alessandro Ernesto Cartoni Pruzzo, Manuel Arturo Montero Souper y Eduardo Humberto Carrasco Hauenstein (subtenientes)
- José Omar Correa Martínez (cabo)
Estos militares fueron condenados a 15 años y un día de presidio por su responsabilidad en los homicidios calificados.
Encubridores Condenados
Además, la Corte de Apelaciones también confirmó las condenas de 3 años y un día de presidio a otros militares que actuaron como encubridores de los hechos:
- Eduardo Humberto Carrasco Hauenstein y Gabriel Enrique Fuentes Campusano (subtenientes)
- Carlos Alberto Campusano Osorio (teniente)
- Mario Hernán Tapia Sepúlveda (cabo primero)
- José Liborio Lavín Leiva (soldado conscripto)
Indemnización a Familiares
En el ámbito civil, la Corte de Apelaciones también confirmó la sentencia que obliga al fisco a pagar una indemnización de $300 millones a los familiares de la víctima Luis Raúl Cotal Álvarez, por concepto de daño moral.
Este fallo representa un paso importante hacia la justicia y la reparación por los crímenes cometidos durante la dictadura militar en Chile. Aunque tardía, esta sentencia envía un mensaje claro de que los abusos contra los derechos humanos no quedarán impunes.
