En un momento en que la transparencia y la probidad se han convertido en temas centrales de la agenda pública, la regulación de las iglesias y organizaciones religiosas ha adquirido una importancia crucial. Mientras que Argentina ha dado un paso adelante con el Decreto 486/2025, que establece auditorías obligatorias y trazabilidad de donaciones para las iglesias, la situación en Chile parece estar rezagada en comparación.
La Ley de Culto Chilena: Zonas Grises y Vacíos Legales
La Ley de Culto nº19.638 en Chile, promulgada hace 26 años, ha sufrido modificaciones menores que no han logrado abordar de manera efectiva los problemas de transparencia y fiscalización en el sector religioso. Actualmente, solo se exige declarar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando los ingresos anuales superan los 157 millones de pesos, dejando un amplio margen para posibles abusos y manipulaciones financieras bajo la forma de «donaciones», «ofrendas» o «diezmos».
Hacia una Modernización Legislativa
Expertos señalan que la legislación chilena es más bien «reactiva» ante posibles escándalos, en lugar de ser preventiva. Casos como el del exobispo Eduardo Durán, con sus complejas maniobras notariales y disputas internas, ponen de manifiesto la necesidad de una regulación más rigurosa y proactiva.
Aprendiendo de Argentina: Auditorías, Trazabilidad y Límites a Remuneraciones
El Decreto argentino 486/2025 establece la obligatoriedad de auditorías, la trazabilidad de las donaciones y la imposición de límites a las remuneraciones de las iglesias. Esto no solo protege a los fieles de posibles abusos, sino que también previene el lavado de dinero y la vinculación con actividades ilícitas, tal como recomiendan organismos internacionales como la FATF (Financial Action Task Force).
Transparencia: Garantía de Derechos y Prevención de Abusos
La transparencia en las finanzas de las instituciones religiosas no solo es un deber de rendición de cuentas, sino que también protege a los fieles de ser víctimas de explotación económica. Una legislación moderna y preventiva, como la implementada en Argentina, puede ser el camino para garantizar que la confianza de millones de ciudadanos no sea vulnerada por la opacidad legal.
En un momento en que la probidad y la seguridad ciudadana son temas centrales, es imperativo que los movimientos políticos con vínculos religiosos aboguen por una regulación que promueva la transparencia y prevenga los abusos. Solo así podremos construir una sociedad más justa y confiable para todos.
