El gobierno de Singapur ha anunciado medidas drásticas para combatir el consumo de cigarrillos electrónicos que contengan etomidato, una sustancia con efecto anestésico. Según informan medios locales como The Straits Times, los proveedores de estos vapeadores se enfrentarán a penas de hasta 15 azotes con varas de caña y 20 años de cárcel.
La nueva legislación, que entrará en vigor el 1 de septiembre, también establece multas de 500 dólares singapurenses (aproximadamente 380.000 pesos chilenos) para menores de 18 años sorprendidos consumiendo estos dispositivos, y de 700 dólares (530.000 pesos) para adultos. Además, los infractores deberán asistir a terapia de rehabilitación obligatoria durante hasta seis meses.
Combatir el Abuso de Sustancias
Según el ministro de Salud, Ong Ye Kung, y el ministro de Educación, Desmond Lee, esta decisión se tomó ante el aumento en el consumo de cigarrillos electrónicos. «Los vapeadores se han convertido en una puerta de entrada para el abuso de sustancias más graves», señaló Ong.
Penas Severas para Importadores y Distribuidores
El ministro del Interior, K. Shanmugam, explicó que quienes importen estos vapeadores arriesgarán entre 3 y 20 años de cárcel, además de entre 5 y 15 azotes. Por su parte, los condenados por vender o distribuir estos dispositivos se enfrentarán a entre 2 y 10 años de cárcel y recibirán entre 2 y 5 azotes.
Estas medidas se suman a la prohibición vigente desde 2018 de poseer, usar o comprar vaporizadores en Singapur, que conlleva una multa máxima de 2.000 dólares singapurenses (más de 1.550 dólares estadounidenses).
Proteger a la Juventud
Las autoridades singapurenses buscan erradicar el consumo de estos dispositivos, especialmente entre los jóvenes, debido a los riesgos que representan para la salud. El etomidato, presente en algunos vapeadores, es un anestésico que puede tener efectos peligrosos si se consume de manera inadecuada.
Con estas severas sanciones, Singapur espera enviar un mensaje claro a quienes pretendan introducir o distribuir vapeadores con sustancias dañinas, priorizando la protección de la salud y el bienestar de la población, especialmente de los más vulnerables.
