El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ha reiterado con firmeza la necesidad apremiante de aprobar la Ley de Inteligencia Económica en Chile. Esta nueva herramienta, según Elizalde, permitiría al Estado «seguir la ruta del dinero» y evitar que Chile se convierta en un «paraíso del lavado de dinero», como lamentablemente han denunciado varios fiscales.
La Ley de Inteligencia Económica: Una Herramienta Clave Contra el Crimen Organizado
Elizalde explica que, al comparar el marco normativo chileno con el de países como Estados Unidos y Europa, queda en evidencia que allí cuentan con «muchas otras herramientas para ir tras quienes son los beneficiados económicos del crimen». La nueva ley, de aprobarse, otorgaría a las autoridades chilenas técnicas especiales de investigación y una inteligencia económica más robusta, permitiéndoles «ir tras quienes encabezan estas bandas» de crimen organizado y narcotráfico.
Un Desafío Enorme en Materia de Seguridad
Según el ministro, Chile enfrenta «un desafío enorme en materia de seguridad» debido al deterioro significativo de la calidad de vida provocado por el crimen organizado y el narcotráfico. Elizalde subraya que se requieren «políticas de largo plazo» para elevar los estándares de seguridad en el país.
Avances y Aclaraciones Sobre la Ley
Si bien Elizalde reconoce que las cifras de ingreso de irregulares han mejorado en comparación a hace tres años, aclara que la Ley de Inteligencia Económica no implicará un levantamiento general del secreto bancario de los chilenos. Más bien, bajo «determinadas hipótesis», como el reporte de operaciones sospechosas o la investigación de funcionarios públicos, la Unidad de Análisis Financiero tendría acceso a información que permita determinar, por ejemplo, si se está lavando dinero o cometiendo algún delito.
Un Llamado a la Acción
Finalmente, Elizalde cuestiona a quienes se han opuesto a la aprobación de esta ley, afirmando que «muchos de los que hablan de seguridad y son muy enérgicos, al momento de votar este proyecto, lo votaron en contra». La urgencia de contar con esta herramienta parece clara: Chile no puede seguir siendo un «paraíso del lavado de dinero» para el crimen organizado.
