En un sorprendente giro de eventos, las autoridades chilenas han confirmado que cinco marcas de conservas importadas desde China, que se comercializaban como «jurel», en realidad no corresponden a esta especie. Tras una exhaustiva investigación liderada por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), se determinó que estos productos contienen caballa (Scomber spp.) y no el jurel (Trachurus murphyi) que se afirmaba en sus etiquetas.
Las marcas involucradas en este fraude alimentario son Acuenta, Barquito, Novamar, Coliseo y Unimarc. Según el comunicado de las autoridades, estas empresas «no pueden comercializar sus productos bajo la denominación de jurel», ya que la especie utilizada no corresponde a la declarada.
Análisis de ADN Revela el Engaño
El proceso de investigación incluyó la toma de muestras de estas conservas en diversos puntos de venta y bodegas de importadores. Posteriormente, los análisis de laboratorio realizados por el INTA, mediante secuenciación genética, confirmaron que solo dos de las marcas analizadas correspondían realmente a jurel, mientras que el resto eran caballa.
Según explicó Gloria Yáñez, directora de Asistencia Técnica del INTA, «se realizó un análisis de tipificación de especie por secuenciación, lo que implica extraer el ADN de cada una de las muestras, luego se lee su código genético en un secuenciador y se compara con grandes bases de datos».
Consecuencias para las Empresas Infractoras
La Seremi de Salud de la Región Metropolitana, a través de Alejandra Hernández, ha instruido los correspondientes sumarios sanitarios contra estas empresas. Las marcas involucradas deberán retirar los productos del mercado hasta que puedan corregir el etiquetado, indicando la verdadera naturaleza del alimento. De no hacerlo, se enfrentan a multas que pueden alcanzar los $68,6 millones.
Este escándalo pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la veracidad en el etiquetado de los alimentos. Los consumidores tienen el derecho a recibir información precisa sobre los productos que adquieren, y las autoridades deben velar por el cumplimiento de estas normas para proteger la salud y la confianza del público.
