En un golpe contundente a una organización criminal, las autoridades han detenido a Valentina Castro Berríos, pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda, por su presunta participación en una banda dedicada al robo, compra y adulteración de documentos de vehículos, que luego eran desmantelados y comercializados por partes.
La investigación, que se ha extendido por más de tres años, reveló que no solo Valentina, sino también sus padres y hermano, están involucrados en esta red delictiva. Según se informó, el papel principal de la familia era adquirir vehículos robados para facilitar su posterior desarme y venta.
Allanamientos masivos y decenas de detenidos
En una operación llevada a cabo en la madrugada, Carabineros realizó allanamientos en múltiples ubicaciones, logrando la detención de Valentina Castro y otras 28 personas en todo el país. Durante los operativos, se incautaron más de 100 vehículos, incluyendo automóviles, motocicletas, partes de autos y maquinaria pesada, además de nueve armas de fuego y un patrimonio ilícito estimado en 3.000 millones de pesos.
El rol de Valentina dentro de la organización
Según la información revelada por el programa «Contigo en la Mañana», el papel específico de Valentina Castro dentro de la organización criminal consistía en comprar maquinaria pesada, como camiones, a sabiendas de que eran robados. Este acto marcaba el inicio de la cadena delictiva.
Los detenidos, incluida Valentina Castro Berríos, enfrentan cargos graves por asociación ilícita, lavado de activos, extorsión y falsificación de documentos públicos.
Implicaciones y relevancia del caso
Este caso pone de manifiesto la complejidad y el alcance de las redes criminales dedicadas al robo y tráfico ilegal de vehículos. La participación de una pareja de exfutbolista y su familia en estos delitos refleja la penetración de estas organizaciones en diversos sectores de la sociedad.
Desde una perspectiva económica, el desmantelamiento de esta banda criminal representa un duro golpe a los ingresos ilícitos generados por el robo y la venta de partes de automóviles, lo cual tiene un impacto negativo en la industria automotriz y en los consumidores que pueden ser víctimas de estos delitos.
Además, la incautación de armas de fuego y el patrimonio ilícito estimado en miles de millones de pesos evidencian la necesidad de fortalecer los esfuerzos de las autoridades para combatir eficazmente este tipo de actividades delictivas organizadas.