En una acción sin precedentes, la Contraloría General de la República ha lanzado una ofensiva contundente contra la corrupción en el aparato estatal. A través de un oficio firmado por la Contralora Dorothy Pérez, se ha instruido a ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, universidades estatales y empresas públicas a entregar, en un plazo de 10 días hábiles, un detalle exhaustivo de las medidas de control interno que han implementado para hacer frente a los hechos de corrupción que ya están siendo investigados por la justicia.
El documento enumera una serie de episodios que han sacudido a diversas instituciones públicas y que fueron detectados gracias a denuncias o pesquisas de las propias entidades. Estos casos incluyen desde funcionarios acusados de cohecho por filtrar fiscalizaciones, hasta empleados que utilizaron bienes fiscales para dar refugio a bandas delictivas y traficantes de drogas.
Según expertos que conocen de estas fiscalizaciones, el objetivo no es perseguir a los funcionarios públicos, sino más bien constatar cómo está funcionando el control administrativo frente a las irregularidades que ya han sido descubiertas e investigadas. La pregunta clave que se busca responder es: ¿qué se ha hecho para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir?
Una ofensiva sin precedentes
Los casos de corrupción en el sector público se repiten en diversas regiones del país. En Calama, un funcionario fue acusado de cohecho por filtrar fiscalizaciones de patentes de alcoholes; en Chillán, un empleado público fue detenido por tráfico de drogas; y en Tarapacá, 13 funcionarios cayeron por corrupción, cobrando a las personas para no realizar los controles exigidos por ley.
Incluso en la capital, Santiago, se han registrado múltiples detenciones de servidores públicos por delitos como cohecho, asociación criminal y ejercicio ilegal de cargo público, así como condenas por negociación incompatible y cohecho, tras recibir pagos por adjudicar directamente obras municipales.
Controles internos bajo la lupa
Ante esta seguidilla de hechos, la Contraloría exige que cada institución detalle sus controles preventivos, detectivos y correctivos, además de precisar las fechas de ocurrencia, el número de involucrados, los procesos sumarios y las sanciones aplicadas.
Algunos expertos describen esta acción de la Contraloría como una especie de «Alguien te mira», en referencia a la famosa teleserie de 2007, donde la entidad está revisando de manera sistemática el funcionamiento administrativo de las reparticiones estatales, especialmente en aquellos casos en que la propia institucionalidad ha reaccionado denunciando las irregularidades.
La Contraloría busca respuestas concretas sobre qué se ha hecho para prevenir y detectar a tiempo estos actos de corrupción, con el fin de evitar que vuelvan a ocurrir en el futuro. Una tarea fundamental para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
La Contraloría General de la República lanza una ofensiva sin precedentes contra la corrupción en el sector público. Descubre cómo están exigiendo a todas las entidades estatales reportar sus controles internos para prevenir y detectar actos de corrupción.
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