En un giro inesperado, el exembajador de Chile en Hungría, Camilo Sanhueza Bezanilla, se encuentra en el centro de una investigación por contrabando de pieles exóticas. Según los informes, Sanhueza intentó ingresar al país 16 pieles disecadas de diversos animales, incluyendo abrigos de piel, gorros de piel de zorro, cantimploras recubiertas de piel y alfombras decorativas hechas con pieles de león, lince, cebra, oryx gazella y zorro.
El incidente tuvo lugar el 28 de enero de este año en el Puerto de San Antonio, cuando las autoridades de la Dirección Regional de Aduanas inspeccionaron un contenedor que se suponía contenía artículos personales y de hogar. Sin embargo, la revisión reveló la presencia de estos artículos de piel, lo que llevó a la formalización del exembajador por el delito de contrabando.
Medida Cautelar y Plazo de Investigación
En la audiencia de formalización, el juez Felipe Contreras Bianchi acogió la solicitud del Ministerio Público y aplicó la medida cautelar de arraigo nacional para Sanhueza. Según el magistrado, existen «antecedentes en cuanto a la existencia de este hecho ilícito y participación del imputado». El arraigo nacional, considerado de «baja intensidad», se impuso para resguardar los fines del procedimiento.
Además, se otorgó un plazo de 90 días para que el Ministerio Público desarrolle la investigación correspondiente. Posteriormente, el 22 de septiembre se llevará a cabo una audiencia para debatir una posible salida alternativa, como el sobreseimiento.
Antecedentes Previos y Remoción Presidencial
Cabe destacar que este no es el primer escándalo relacionado con el exembajador Sanhueza. En marzo de 2025, el presidente Gabriel Boric removió a Sanhueza de su cargo tras conocerse las acusaciones de contrabando de pieles y alfombras de animales exóticos.
La investigación y el proceso legal en curso representan un desafío importante para el exdiplomático, quien deberá enfrentar las consecuencias de sus acciones y las implicaciones legales que conlleva el delito de contrabando de especies protegidas.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y cumplimiento de las regulaciones aduaneras y de conservación ambiental, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos en posiciones de confianza.
