La consejera nacional mapuche ante la Conadi, Ana Llao, ha calificado la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras como una «invasión moderna» y ha llamado a rechazar el proceso que lidera el Gobierno. Según Llao, el objetivo de establecer este nuevo mecanismo de reparación es «armonizar» la Ley Indígena, lo que incluye la idea de celebrar contratos de usufructo, arrendamiento y otros contratos de mera tenencia sobre tierras de comunidades y personas mapuche.
Para la consejera, la consulta se trata de una «invasión moderna» porque se pretende modificar la Ley Indígena, cuyo artículo 13 establece que las tierras indígenas no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción. Mientras que el artículo 20 b permite financiar un mecanismo para dar solución a la demanda de tierras.
Gobierno Defiende «Complemento a la Norma»
Según las autoridades de Gobierno y quienes lideran la consulta indígena, lo que se pretende es un «complemento a la norma» y no un cambio. De acuerdo a la Comisión presidencial para la Paz y Entendimiento, se necesitan unos 4 mil millones de dólares para responder a la actual demanda que mantienen comunidades ante la Conadi.
Consulta Indígena en Marcha
La consulta indígena por un nuevo sistema de tierras se encuentra en su primera etapa de planificación, y los encuentros continuarán la próxima semana en distintas comunas de la Macrozona Sur. La consejera Llao ha hecho un llamado a rechazar este proceso, calificándolo como una «invasión moderna» que pretende modificar la Ley Indígena vigente.
Implicaciones y Preocupaciones Mapuche
Desde la perspectiva de la consejera Llao y otros líderes mapuche, la consulta indígena representa una amenaza a la protección legal de las tierras indígenas, al permitir contratos que podrían derivar en una pérdida de control y propiedad de estas. Temen que, bajo el pretexto de «armonizar» la ley, se abra la puerta a una mayor enajenación y despojo de sus territorios ancestrales.
Por otro lado, el Gobierno defiende que se trata de un simple «complemento a la norma» y no un cambio sustancial. Sin embargo, la magnitud de la demanda de tierras, estimada en 4 mil millones de dólares, sugiere que las implicaciones de este proceso podrían ser mucho más profundas de lo que se reconoce oficialmente.
En resumen, la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras ha generado una fuerte reacción de rechazo por parte de la consejera mapuche Ana Llao, quien la considera una «invasión moderna» que pone en riesgo los derechos y la propiedad de las comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales.
