El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) se encuentra sumido en una serie de escándalos que lo tienen al borde de un cortocircuito. Por un lado, tendrá que preparar su defensa ante los cargos formulados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por su responsabilidad en el mega apagón del 25 de febrero, que dejó sin luz a cerca de 19 millones de personas entre Arica y Los Lagos.
Pero eso no es todo. Las tensiones también se han elevado en la esfera política, con parlamentarios de diversos sectores exigiendo al Ministro de Energía, Diego Pardow, que aclare las compensaciones que las compañías eléctricas han estado cobrando a los clientes a través de las boletas de la luz. Según un reportaje de Ciper, un porcentaje marginal de estos cobros ha sido utilizado por las empresas para pagar sus propias compensaciones por interrupciones en el suministro, a través de una especie de «fondo» encubierto.
Sanciones Millonarias en Juego
Ocho empresas eléctricas, entre ellas Interchile, Transelec y Engie Energía, así como el Consejo Directivo del CEN, arriesgan el pago de millonarias multas por sus responsabilidades y negligencias en el apagón del 25 de febrero. Según la investigación aún en curso, la falla se habría producido por un operador que estaba realizando labores de manera insegura en la línea Nueva Maitencillo-Polpaico.
Las empresas podrían enfrentar multas de hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), mientras que cada consejero del CEN arriesga una multa personal de 30.000 UTA, que deberán pagar desde su patrimonio.
Llamado a la Transparencia
Ante este escenario, la diputada comunista Karol Cariola ha emplazado al Ministro de Energía a transparentar la situación, afirmando que nada justifica este escándalo que ha afectado directamente a los consumidores. Por su parte, el senador de Renovación Nacional, Rafael Prohens, ha responsabilizado también al Gobierno por estar «tomando palco» en este conflicto.
Desde la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), su directora ejecutiva, Ana Lia Rojas, ha evitado referirse a la investigación en curso, limitándose a señalar que siguen de cerca los estudios encargados para determinar responsabilidades.
En medio de esta tormenta de polémicas, el CEN deberá presentar sus descargos y enfrentar las consecuencias de sus acciones, mientras el Gobierno y la ciudadanía exigen respuestas y transparencia en un sector clave para el desarrollo del país.
