En un movimiento que ha generado gran controversia, el Gobierno de Israel aprobó por unanimidad la destitución de la fiscal general, Gali Baharav Miara, en medio de las tensiones con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y de las manifestaciones registradas en las últimas horas frente a la oficina del jefe de Gobierno.
El ministro de Justicia, Yariv Lenin, anunció a través de un comunicado que «el gobierno ha aprobado por unanimidad» su propuesta de «terminar inmediatamente con el mandato de Gali Baharav Miara» como fiscal general. Cabe mencionar que en la votación, en la que 22 ministros votaron a favor de la destitución, no han estado presentes ni la propia fiscal general ni el primer ministro.
Según el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, quien había solicitado la destitución de Baharav Miara en noviembre de 2024, este proceso «ha concluido» y ahora exige el nombramiento «inmediato» de una sustituta al cargo, afirmando que no se puede «permitir que un vacío gubernamental se llene con un montón de interpretaciones jurídicas infundadas».
Sin embargo, el partido opositor Yesh Atid, liderado por Yair Lapid, ha presentado una petición ante el Tribunal Superior de Justicia para bloquear la medida. La diputada Karine Elharrar declaró que «el Gobierno no quiere asesoramiento legal, quiere obediencia, ha optado por renunciar al Estado de derecho, y nosotros hemos optado por luchar por él y la democracia».
El alto tribunal dictaminó recientemente que el gobierno no puede destituir de forma inmediata a la fiscal general, subrayando la necesidad de «tiempo suficiente para la revisión judicial» de la decisión. Por ello, el cese de Baharav Miara no entrará en vigor hasta que los jueces se pronuncien sobre la legalidad del proceso, que ha sido calificado por la propia fiscal de «ilegal».
Desde el Gobierno de Netanyahu se sostiene que la fiscal actúa por motivaciones políticas contra sus medidas, mientras que Baharav Miara denuncia que las autoridades actúan en violación de la ley y que su trabajo es presentar al Ejecutivo los límites de la ley «sin que constituyan diferencias de opinión ni motivos de cese».
Esta crisis institucional pone de manifiesto las tensiones entre el Gobierno y la Fiscalía en Israel, y plantea interrogantes sobre el futuro del Estado de derecho y la independencia del poder judicial en el país.
