En un duro golpe a la confianza pública, la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado que 2.982 funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería habrían incumplido el período de reposo de sus licencias médicas al viajar fuera del país. Esta situación ha generado una fuerte reacción del Gobierno, que promete tomar medidas contundentes.
La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, declaró que una vez se reciban los nombres de los funcionarios involucrados, se iniciará un sumario máximo en un plazo de 72 horas. «Esto nos parece muy grave, y no puede volverse a repetir nunca más», afirmó la secretaria de Estado, quien no descartó la desvinculación de los responsables de sus respectivas instituciones.
Acciones Inmediatas y Sanciones Severas
Según Delpiano, el objetivo es cerrar los sumarios en un plazo de 20 a 25 días, dando a los funcionarios la oportunidad de presentar sus descargos. Sin embargo, la ministra advirtió que serán «muy drásticos» en la aplicación de sanciones, incluyendo la posible salida de los responsables de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó la situación como «inaceptable». «Los funcionarios públicos tienen que cumplir adecuadamente sus funciones, y si no las están cumpliendo o están mal utilizando alguna de las licencias que se les dieron, para salir del país por razones que no corresponden, eso se tiene que investigar y sancionar», aseveró.
Magnitud del Problema y Acciones del Ejército
Según el informe de la Contraloría, hubo un total de 9.069 salidas y entradas al país mientras los trabajadores de estas instituciones se encontraban con licencia médica. De estas, el 39% corresponden a funcionarios de Gendarmería, el 35,1% a Carabineros y el 17,9% al Ejército.
Cabe destacar que el Ejército ya ha iniciado acciones contra 487 de sus funcionarios cuestionados por la Contraloría, demostrando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las normas.
Llamado a la Responsabilidad y Rendición de Cuentas
Este escándalo pone de manifiesto la necesidad de que los servidores públicos actúen con la máxima integridad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones. El Gobierno ha dejado claro que no tolerará abusos y que aplicará sanciones severas a quienes incumplan sus deberes, con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía.
