La Asociación de Juristas por la Democracia (AJD) ha manifestado su profunda preocupación ante las recientes revelaciones en el proceso judicial contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por el caso Farmacias Populares. La organización, que se define como promotora de la justicia social y las reformas judiciales, cuestiona la integridad de las pruebas tras la declaración entregada a Radio Bío Bío por el exsecretario de Achifarp, Matías Muñoz Becerra.
Según Muñoz, la fiscal Giovanna Herrera lo presionó para que hiciera declaraciones falsas que inculparan a Jadue. El imputado afirmó que, tras 100 días en prisión preventiva, la persecutora le ofreció libertad a cambio de inculpar al exalcalde en una reunión inexistente. La AJD calificó estos hechos como de «extrema gravedad«, ya que la coacción «contamina profundamente la integridad de las pruebas» y compromete «la legitimidad de toda la persecución penal«.
Conflicto de interés en la Fiscalía
La asociación también expuso un «evidente conflicto de interés» de la fiscal Herrera, ya que, según la agrupación, mantiene un «vínculo familiar directo» con Javier Vega Sepúlveda, fundador de Farmacias Fracción, competidora directa de Achifarp. Este lazo, argumenta la AJD, «debió haber motivado su abstención» por el «deber de objetividad» del Ministerio Público.
Además, la Fiscalía Nacional investiga a Herrera y a las juezas Paulina Moya y Jessica González Troncoso por presuntos delitos de prevaricación, montaje judicial, corrupción y fraude procesal en el caso que está imputado Jadue.
Patrón de «guerra jurídica»
La AJD vinculó el caso a un «patrón sistemático de guerra jurídica» en la región para «neutralizar proyectos políticos transformadores«. Señaló que filtraciones calculadas a la prensa e «instrumentalización del sistema judicial» refuerzan esta estrategia.
Ante estos hechos, la AJD exigió «la apertura inmediata de una investigación independiente» sobre Herrera y su «separación inmediata de la causa«. Del mismo modo, demandó «revisión urgente de todo el proceso penal«, anulación de actos «contaminados por coacción y falsedad» y «liberación inmediata» de Jadue, a quien considera víctima de un proceso «manipulado y políticamente orientado«.
Finalmente, la asociación alertó que cuando la justicia se convierte en «instrumento de persecución política«, corresponde a la sociedad civil «alzar la voz con firmeza«. «La verdad ya no puede ser ocultada. Que venga ahora la justicia«, concluyó la AJD.
