En un giro inesperado en el caso del sicario venezolano erróneamente liberado, un funcionario del Poder Judicial ha sido citado a declarar como imputado. La investigación busca determinar las razones detrás de la liberación de Alberto Carlos Mejía, quien estaba acusado del crimen del «Rey de Meiggs».
Según la información obtenida, la causa indaga específicamente sobre cómo Mejía, quien inicialmente se identificaba con el nombre falso de Osmar Ferrer, logró quedar en libertad a tan solo un día de ser puesto en prisión preventiva, y posteriormente salir del país rumbo a Perú.
Al parecer, el origen del problema se remonta a un error en la identidad del imputado en la primera resolución que decretaba su prisión preventiva. Esto llevó a la emisión de un segundo documento que anulaba la decisión, y finalmente a una tercera resolución con el nombre correcto, confirmando la prisión. Sin embargo, pese a que la resolución correcta fue enviada a Gendarmería alrededor de las 14:00 del 10 de julio, el sicario fue liberado seis horas después.
Ahora, las autoridades buscan esclarecer cuál fue el «error humano» que permitió esta lamentable liberación, y determinar la responsabilidad del funcionario judicial citado a declarar. La seguridad pública y la confianza en el sistema de justicia están en juego, por lo que se espera que esta investigación arroje luz sobre las fallas que permitieron la fuga de este peligroso delincuente.
