Los principales gremios económicos del país han acusado a la Dirección del Trabajo (DT) de arrogarse potestades que, según ellos, corresponden exclusivamente al Presidente de la República. La crítica del empresariado se basa en dictámenes del organismo técnico que han modificado, por la vía administrativa, el Código del Trabajo.
En una carta publicada en El Mercurio, la CPC, CNC, CChC, Sofofa y otros gremios aseguraron ver con preocupación la actuación de la DT, que «a través de dictámenes —es decir, actos que no cuentan con respaldo parlamentario—, altera las reglas del juego de forma arbitraria, al modificar por vía administrativa materias reguladas en la ley».
Cambios en la Negociación Colectiva
Según el documento firmado por los gremios, a comienzos de mes la Dirección intervino normas legales relativas a la negociación colectiva, que son de iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República. Por ejemplo, citaron un cambio en el artículo 360 del Código del Trabajo, el cual establece que «los servicios mínimos y los equipos de emergencia deben ser calificados antes del inicio de la negociación colectiva».
Sin embargo, con el nuevo dictamen de la DT, esto se modifica y señala que la calificación puede efectuarse en paralelo a la negociación colectiva y no antes, como establece la ley.
Reacción de los Gremios y la CUT
La presidenta de la CPC, Susana Jimenez, cuestionó estos cambios, asegurando que son un golpe para la certeza jurídica y que «sobrepasan el rol propio de la Dirección del Trabajo». Por su parte, el presidente de la CNC, José Pakomio, instó al Ejecutivo a respetar la institucionalidad.
En defensa de la DT, la CUT señaló que lo que la CPC y algunos actores económicos definen como «incertidumbre jurídica», sería en realidad «el intento de mantener privilegios heredados de un modelo laboral profundamente autoritario, que durante décadas impidió el desarrollo de un sindicalismo fuerte y representativo».
Posición de la Dirección del Trabajo
El director del Trabajo, Pablo Zenteno, dijo que como institución entienden que «los empresarios defiendan sus intereses», pero que el mandato constitucional de la DT es la «promoción y la defensa de la libertad sindical y los derechos» de los trabajadores. Aseguró que la labor se ha hecho «dentro del marco constitucional, dentro del orden jurídico laboral».
El debate entre el empresariado y la Dirección del Trabajo pone de manifiesto las tensiones en torno al alcance de las atribuciones de este organismo y su impacto en las relaciones laborales del país.
