En un esfuerzo por combatir la evasión fiscal, la informalidad, el comercio ilícito y el crimen organizado, tanto el Servicio de Impuestos Internos (SII) como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) han establecido pautas claras sobre la figura del «denunciante anónimo» y los beneficios que reciben por proporcionar información valiosa.
Según la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias aprobada en septiembre de 2024, el SII ha implementado facilidades para la recepción de denuncias. Cuando un denunciante califica como «anónimo», se le recompensa con el 10% de las multas correspondientes, siempre que el monto defraudado supere las 100 UTA (aproximadamente $80 millones).
Requisitos para Ser Denunciante Anónimo
Para obtener la calificación de denunciante anónimo, la persona debe primero expresar su intención y luego «colaborar con las investigaciones aportando antecedentes sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos para la detección, constatación o acreditación de infracciones», según lo publicado por la CMF.
Sin embargo, no se considerará denunciante anónimo a quien haya incurrido en la conducta sancionada o tenga la calidad de víctima de la misma. Además, quien presente información falsa o fraudulenta será sancionado con penas de prisión y multa.
Protección y Confidencialidad
La identidad del denunciante anónimo se mantendrá en secreto, a menos que este solicite renunciar al anonimato, lo cual implicaría perder el derecho a la recompensa. En caso de ser necesario, se pueden adoptar medidas de protección por parte de las fuerzas de seguridad.
Según el último reporte de la CMF, desde la entrada en vigor de esta figura en 2021 y hasta finales de 2024, se han recibido 99 solicitudes de denunciantes anónimos, lo que ha implicado pagos totales por la suma de UF 11.160 (aproximadamente $315 millones).
Conclusión: Incentivando la Denuncia Responsable
Estas iniciativas del SII y la CMF buscan fomentar la participación ciudadana en la lucha contra la evasión fiscal, el crimen financiero y otras actividades ilícitas. Al ofrecer recompensas y garantizar la confidencialidad, se espera que más personas se animen a denunciar irregularidades de las que tengan conocimiento, contribuyendo a una sociedad más justa y transparente.