En un sorprendente giro de los acontecimientos, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha revelado que el sicario ahora identificado como Alberto Carlos Mejía Hernández ya había sido detenido en dos ocasiones durante el 2022. Sin embargo, en aquellas oportunidades no se le tomaron las huellas dactilares debido a una laguna legal que no exigía dicho procedimiento para imputados extranjeros en situación irregular.
Inicialmente, el sospechoso había sido formalizado y conocido por un nombre falso: Osmar Ferrer. Fue durante una sesión de la Cámara de Diputados que Valencia expuso estos sorprendentes detalles, los cuales luego reiteró en una conversación con Cooperativa.
Fallas en el sistema que permitieron la evasión
Según explicó el Fiscal, la razón por la que no se le tomaron las huellas a Mejía Hernández en 2022 se debió a que en ese entonces no estaba vigente la reforma al código procesal penal que estipula la toma de huellas a imputados extranjeros en situación irregular. Dicha modificación entró en vigor recién en 2023.
«Si se le hubiera tomado la huella el 2022, al momento en que se le tomaron las huellas ahora en esta nueva detención, habría aparecido el match positivo y se habría identificado; se habría establecido que el nombre era falso«, lamentó Valencia.
De esta manera, las fallas en el sistema permitieron que este peligroso criminal evadiera la justicia a pesar de tener antecedentes por un robo grave cuando era menor de edad. Valencia reconoció que, de haberse aplicado la toma de huellas, Mejía Hernández habría sido debidamente identificado y mantenido en prisión preventiva.
Llamado a la acción
Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer los protocolos de identificación y seguimiento de imputados extranjeros, especialmente aquellos en situación irregular. Solo así se podrá evitar que delincuentes peligrosos como Mejía Hernández escapen de la justicia y continúen poniendo en riesgo a la ciudadanía.
El Fiscal Valencia ha anunciado que emitirá un oficio a Gendarmería para conocer cuántos otros extranjeros en situación irregular se encuentran actualmente privados de libertad. Es crucial que las autoridades actúen con celeridad y determinación para corregir estas brechas legales y de procedimiento que ponen en jaque la seguridad pública.
