La Comisión de Seguridad de la Cámara Baja ha tomado cartas en el asunto tras el caso del presunto sicario venezolano cuya verdadera identidad se conoció días después de su errónea liberación. El presidente de la comisión, Cristián Araya (REP), anunció que se oficiará al Registro Civil y al Servicio Médico Legal para que informen sobre los procesos de identificación y cotejo de huellas.
Según Araya, la sesión de la comisión, a la que asistieron el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, dejó en evidencia «la precariedad de nuestra institucionalidad» en materia de identificación de detenidos. «No hay un sistema que permita correr un cruce de huellas y hacer un match. Es algo que para todos podría resultar básico, sencillo, pero hoy eso no se está haciendo», recalcó.
Fallas en la Identificación de Delincuentes
El diputado Araya cuestionó particularmente el tema de la identificación, señalando que «se habría revelado la precariedad de nuestra institucionalidad, que involucra al Registro Civil, al Servicio Médico Legal, a Gendarmería de Chile, a la Fiscalía y también a la Policía de Investigaciones, de que no saben realmente quiénes están detenidos en estos momentos».
Según Araya, «la identidad (del sicario) se logra establecer con posterioridad. Y una de las cosas que nos dejó tremendamente alarmados en la comisión fue que se reconoció que no hay un sistema que permita correr un cruce de huellas y hacer un match». Esto, a pesar de que para la ciudadanía parecería algo «básico, sencillo».
Ausencia del Poder Judicial y Precariedad en las Comunicaciones
Otro aspecto criticado por Araya fue la ausencia del Poder Judicial en la citación a la comisión, pues «tienen un rol clave en este caso y no estuvieron dispuestos a concurrir a esta instancia del Congreso».
Además, el diputado republicano señaló que quedó en evidencia «la precariedad de las comunicaciones que hay entre tribunales, entre el Poder Judicial y Gendarmería de Chile». Según explicó, «básicamente son solo correos electrónicos que generan confusiones en fechas, hay un enredo entre las fechas de emisión de las resoluciones y después de cuándo llegan y son notificados o acusa recibo la institución de Gendarmería».
Exigencia de Respuestas al Registro Civil y Servicio Médico Legal
Ante esta situación, la Comisión de Seguridad acordó «oficiar tanto al Registro Civil como al Servicio Médico Legal para que nos informe acerca del cotejo de huellas y otra forma de identificación». Araya lamentó que «lamentablemente los chilenos vivimos en un engaño. Creemos que nuestra institucionalidad posee la posibilidad de establecer un match, un contraste y poder ver cuándo hay coincidencia de huellas digitales u otro tipo de registro para poder establecer la identidad. Pero eso no existe en la práctica».
La comisión espera que el Poder Judicial se pronuncie a la brevedad sobre las razones que llevaron a la liberación del presunto sicario en algún momento, pues «nadie puede explicar por qué en algún momento sale esa resolución. No hubo un trámite judicial que pudiese ampararla».
