La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial (ANMM) ha emplazado a Gendarmería por su actuación en la liberación de un peligroso sicario, conocido como el «Rey de Meiggs». Según el gremio, la institución no prestó la debida atención a las inconsistencias en las comunicaciones oficiales ni consultó al tribunal antes de proceder con la excarcelación.
En una declaración pública, la ANMM expresó su profunda preocupación por la liberación del imputado Osmar Ferrer, señalando que esta situación «obliga a una revisión exhaustiva de los protocolos administrativos, operativos e informáticos que regulan el ingreso y egreso de personas privadas de libertad».
Cuestionamientos a Gendarmería
Según la asociación, Gendarmería recibió las comunicaciones oficiales en diferentes horarios, pero «sin haber representado de forma oportuna la inconsistencia ni haber consultado al tribunal, lo que podría haber evitado la excarcelación». Esto ha llevado a la ANMM a cuestionar directamente el accionar de la institución y a exigir una revisión de los protocolos de comunicación entre los órganos del sistema de justicia.
La Respuesta de Gendarmería
Por su parte, el director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, aseguró que la institución se puso a disposición del Ministerio Público y que, en caso de existir algún error de procedimiento, «lo establecerá la justicia». Pérez también informó que se dispuso un sumario para investigar si hubo alguna falta administrativa en la liberación del sicario.
Sin embargo, el director nacional (s) de Gendarmería enfatizó que «no es ámbito de nuestra competencia cuestionar los documentos emitidos por los tribunales» y que, en este caso, se limitaron a cumplir con la orden explícita del 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
Llamado a la Revisión de Protocolos
La ANMM ha hecho un llamado urgente a la revisión de los protocolos de actuación y comunicación entre los diferentes órganos del sistema de justicia, con el fin de evitar situaciones similares en el futuro. La asociación considera que esta liberación pone en riesgo la seguridad pública y exige que se tomen las medidas necesarias para garantizar la adecuada tramitación de los procesos judiciales.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación entre las instituciones encargadas de la administración de justicia, con el objetivo de prevenir la liberación de individuos peligrosos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
