Este martes 15 de julio comenzó el juicio oral contra 18 imputados por su presunta participación en una red criminal responsable de emitir más de 80 mil licencias médicas falsas. El perjuicio al Estado supera los $30 mil millones, convirtiéndolo en el segundo mayor fraude desde la implementación de la reforma procesal penal en Chile.
Según la Fiscalía, la organización delictiva creó una estructura compleja para generar estas licencias fraudulentas. Trajeron profesionales desde Colombia para emitir las licencias, y luego lavaban el dinero obtenido o lo enviaban al extranjero. Los imputados enfrentan cargos por emisión fraudulenta de licencias médicas, fraude de subvenciones, asociación ilícita y lavado de activos.
Cabecillas y Detalles de la Operación
Los líderes identificados por la Fiscalía son Samir Rivaldo Hernández y Yesica Donado Alvis, ambos colombianos. Según el ente persecutor, llegaron desde Barranquilla a Chile con el único propósito de delinquir, comprando propiedades, vehículos y hasta zapatillas Dolce & Gabbana personalizadas con sus nombres.
Uno de los hermanos de las cabecillas, Jeffry Donado Alvis, emitió más de 4 mil licencias médicas en apenas cinco días durante su estadía en Chile, y continuó emitiéndolas desde el extranjero durante seis meses más.
La red criminal también utilizó testaferros para adquirir bienes con el dinero proveniente de las licencias emitidas entre 2020 y 2022. Estas se vendían entre $35 mil (de 1 a 11 días) y $75 mil (de 22 a 30 días) en el caso de FONASA. Los montos aumentaban para ISAPRES, alcanzando incluso los $95 mil.
Defensa Niega Participación de Líder
La abogada defensora de Samir Enrique Rivaldo Hernández, Doris Espinoza Torres, indicó que buscará acreditar que su representado no participó en todos los delitos que se le imputan, especialmente en los de asociación ilícita y lavado de activos. Según ella, Rivaldo solo remitía fondos desde Chile hacia Colombia, dirigidos principalmente a sus familiares.
Por su parte, el abogado querellante Rodrigo Varela, representante de ALTO Inmunne, calificó el inicio del juicio como un hito y expresó que espera penas elevadas que sienten un precedente. «El ideal en esto es que sean penas ejemplificadoras y disuasivas respecto a demás personas, tanto médicos, captadores, administrativos como los propios afiliados, para que no cometan este tipo de fraude», manifestó.
El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, valoró el inicio del juicio oral, que podría extenderse por varios meses. Además, informó que siguen buscando, con notificación en Interpol, a quienes se fugaron tras ser formalizados al inicio de la causa.
Los 18 imputados, 11 colombianos y 7 chilenos (3 de ellos extraditados desde Colombia en 2023), arriesgan penas que van desde 5 hasta 27 años de cárcel por los delitos acumulados.
