Una investigación periodística ha destapado un esquema de lavado de dinero a gran escala orquestado por el Tren de Aragua, una peligrosa organización criminal venezolana, en territorio chileno. Según los hallazgos, al menos 14 empresas creadas entre 2020 y 2024 habrían movido más de $13,5 millones a través de miles de operaciones bancarias, sin que ninguna entidad financiera emitiera las alertas correspondientes.
El informe de Ciper revela que, pese a la recurrencia y sospechosa naturaleza de estas transacciones, incluyendo algunas realizadas en el extranjero, ningún banco activó los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que habrían permitido una intervención temprana de las autoridades. De hecho, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) solo elaboró informes cuando la investigación judicial ya estaba en marcha.
Una red de empresas fantasma
Según los datos recabados, las 14 sociedades detectadas abarcan diversos rubros, desde transporte de carga hasta casas de cambio y juegos de azar en línea. Algunas de ellas fueron inscritas con apenas un minuto de diferencia a través del servicio «Tu Empresa en un Día», mientras que otras compartían el mismo domicilio legal.
Llama la atención que un contador chileno figura como árbitro en tres de estas empresas, mientras que su pareja venezolana, también contadora, aparece como socia en una cuarta. Además, este profesional está vinculado a otras 45 compañías con socios mayoritariamente venezolanos.
Lavado a través de criptomonedas y tarjetas bancarias
Según la investigación, los montos movidos a través de estas empresas eran relativamente pequeños, pero luego se convertían en criptomonedas y las cuentas se cerraban rápidamente, evitando así que se generaran alertas bancarias o reportes a la UAF.
Asimismo, se detectaron cientos de transacciones con tarjetas bancarias chilenas en una ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, lo que sugiere una coordinación internacional en el esquema de lavado.
Fallas en la vigilancia bancaria
Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es la falta de diligencia de los bancos a la hora de detectar y reportar actividades sospechosas. Según el director de la UAF, Carlos Pavez Tolosa, solo alrededor del 2% o 3% de los activos que mueve el crimen organizado se logran extraer o restituir.
Fuentes consultadas por Ciper señalan que la trazabilidad financiera debió activarse en tiempo real, pero el rastro solo comenzó a investigarse después de que el Ministerio Público iniciara la pesquisa. Para entonces, gran parte de los recursos ya habían salido del país.
Conclusión: Lecciones pendientes en la lucha contra el lavado de dinero
Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de vigilancia y reporte de operaciones sospechosas por parte del sector financiero. Asimismo, evidencia la importancia de una mayor coordinación entre las autoridades judiciales y los organismos encargados de la prevención del lavado de activos, a fin de detectar y desarticular estos complejos esquemas criminales a tiempo.
Solo así podremos avanzar en la lucha contra el lavado de dinero, que sigue representando un desafío apremiante para la seguridad y la estabilidad económica de la región.
