En un giro inesperado, el Ministerio Público se ha visto obligado a interponer una contienda de competencia ante la Corte de Apelaciones de Iquique, en un intento por obtener información clave sobre el caso de los cinco funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) detenidos por presunto tráfico de drogas.
Los hechos ocurrieron cuando los uniformados intentaron trasladar sustancias ilícitas en un vuelo institucional desde Iquique a Santiago. La Fiscalía Regional de Tarapacá, liderada por María Trinidad Steinert, solicitó urgentemente a la Fiscalía de Aviación detalles sobre el procedimiento interno que detectó a los militares con drogas. Sin embargo, la Fiscalía de Aviación, representada por el fiscal Carlos Yáñez, se negó a entregar la información, argumentando que la justicia militar tiene competencia exclusiva sobre el caso.
Choque de Competencias y Riesgo de Impunidad
El Ministerio Público rechazó los argumentos de la Fiscalía de Aviación, señalando que el acceso a los antecedentes es «indispensable» para determinar si el caso corresponde a la justicia ordinaria o militar. Según la Fiscalía Regional, los hechos involucran delitos comunes como tráfico de drogas y posible uso indebido de recursos públicos, lo que pone en riesgo la seguridad pública y la probidad institucional.
La presentación judicial cita el Artículo 19 del Código Procesal Penal, que obliga a todas las autoridades a colaborar con el Ministerio Público. Además, la Ley 20.000 sobre tráfico de drogas establece que solo el Ministerio Público o las policías pueden investigar estos delitos.
Limitando el Fuero Militar
La Fiscalía Regional enfatizó que la información militar es crucial para identificar posibles redes criminales externas y determinar si existen cómplices civiles. Steinert recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha interpretado de forma restrictiva la competencia de la justicia militar, limitándola a delitos propios del servicio y no a crímenes que afecten bienes civiles como la salud pública.
En este sentido, el Ministerio Público solicitó a la Corte de Iquique que ordene la entrega inmediata de los antecedentes, argumentando que la negativa de la Fiscalía de Aviación viola el principio de colaboración entre órganos del Estado.
Evitar Investigaciones Paralelas y Definir Competencias
El Ministerio Público aclaró que no cuestiona a la justicia militar, pero exige delimitar competencias para evitar investigaciones paralelas y definir si los hechos, por su gravedad y uso de medios estatales, corresponden a tribunales ordinarios.
La contienda subraya que la Ley 20.000 garantiza el secreto investigativo, por lo que la Fiscalía de Aviación no podría alegar riesgos de divulgación. Además, la Fiscalía Regional advirtió que el uso de infraestructura estatal para fines delictivos agrava los hechos y compromete la probidad institucional y la seguridad pública.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre las diferentes instituciones del Estado para abordar fenómenos criminales complejos y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. La resolución de esta contienda de competencias será clave para determinar el futuro de esta investigación y evitar que la impunidad se apodere de este escándalo que sacude a la Fuerza Aérea de Chile.
