En una batalla legal que pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los denunciantes de corrupción dentro de las instituciones militares, Fernando Fuente-Alba, hijo del excomandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba, ha sido finalmente expulsado del Ejército de Chile sin derecho a pensión.
Según el fallo del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el tribunal rechazó la denuncia por vulneración de derechos fundamentales presentada por Fuente-Alba Pinochet contra la institución armada. Esto se produce luego de que el exmilitar acusara haber sido hostigado para falsificar información ante la Contraloría sobre presuntas licitaciones irregulares suscritas durante 2022.
Acusaciones de discriminación y hostigamiento
Fuente-Alba, quien sumaba 18 años de carrera militar, afirma haber sido víctima de discriminación debido a «situaciones políticas que involucran a su familia». Según consta en el recurso presentado por su abogado, Rafael Harvey, en el segundo semestre de 2023 fue diagnosticado con «trastornos del sueño y de estrés postraumático por hostigamiento laboral», quedando con licencia médica de reposo mental absoluto desde entonces y bajo tratamiento farmacológico.
El exmilitar asegura que las presiones de sus superiores estuvieron dirigidas a declararle «no apto» para el servicio activo, mientras sus denuncias por faltas a la probidad aún eran tramitadas. Incluso, sostiene que su baja fue dada también para «usarle de ejemplo» frente a otros uniformados que puedan verse disuadidos a la hora de denunciar otros actos de corrupción en la institución castrense.
Implicaciones más allá del caso individual
Este caso pone de manifiesto los retos que enfrentan los miembros de las Fuerzas Armadas que se atreven a denunciar irregularidades dentro de sus propias filas. La expulsión de Fuente-Alba, sin derecho a pensión, podría tener un efecto disuasorio sobre otros uniformados que consideren revelar actos de corrupción, temiendo sufrir represalias similares.
La situación plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de denuncia y protección para los denunciantes dentro de instituciones tradicionalmente jerárquicas y cerradas como el Ejército. Expertos en transparencia y rendición de cuentas en el sector público señalan que este tipo de casos resaltan la necesidad de fortalecer los sistemas de control y de garantizar la seguridad de quienes deciden alzar la voz contra la corrupción.
